Litigio climático llega al Tribunal Constitucional

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Servindi, 24 de junio, 2024.- El primer litigio climático de la historia de España dio un paso decisivo en su recorrido judicial al presentarse una demanda por inacción contra el Estado español ante el Tribunal Constitucional.

De esa manera se agota la vía de recursos nacionales luego de que el Tribunal Supremo fallara en contra en julio de 2023, lo que posibilita el acceso al Tribunal de Derechos Humanos (TDEH).

Cabe destacar que este Tribunal ya sentenció contra Suiza y la resolución adoptada es aplicable a España.

La demanda fue presentada por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.

El fallo del TDEH es considerado un hito jurídico histórico al condenar a Suiza por no proteger a su población de los impactos del cambio climático.

La demanda fue presentada por KlimaSeniorinnen, un colectivo de más de 2000 mujeres mayores de 65 años.

La sentencia es aplicable a todos los países del Consejo de Europa, entre ellos, España, por lo que podría suponer un giro significativo en el proceso que llega al Tribunal Constitucional.

La sentencia reconoce expresamente que el cambio climático afecta a todas las personas y en consecuencia, procede a interpretar que la inacción por parte de los estados afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Obligación jurídica de los Estados

Igualmente cabe resaltar la reciente opinión del Tribunal Internacional de la Ley del Mar que sostiene que los Estados tienen la obligación de prevenir, reducir y controlar la contaminación producida por los gases de efecto invernadero.

Asimismo, afirma que los Estados deben proteger el medio marino en el contexto del cambio climático.

Las cinco organizaciones demandantes esperan que la justicia española tome en consideración tales pronunciamientos y obligue al Estado español a cumplir con sus responsabilidades climáticas. 

De no ser así, manifiestan estar dispuestos a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia.

“La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia frente al cambio climático” dijo Inés Díaz, representante legal de Greenpeace.

“Con este proceso estamos luchando por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna” agregó.

Crisis climática se manifiesta

La actual situación de emergencia climática que atraviesa el mundo, con temperaturas anormalmente elevadas e incendios cada vez más intensos, evidencia la necesidad de actuar con urgencia y ambición. 

2023 se situó 1,45 °C por encima de la temperatura de la era preindustrial, y los últimos 12 meses han sido los más calurosos al menos desde mediados de siglo, superando en 1,63 °C el valor promedio del período preindustrial (1850-1900).

Aproximadamente entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables a la crisis climática y entre 2010 y 2020 la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables. 

En los países de ingresos bajo y medio se producen 37 000 millones de dólares de pérdidas por estrés térmico y 16 000 millones por inundaciones, siendo los hogares encabezados por mujeres los más afectados.

Mayor ambición climática

Las organizaciones denuncian que España continúa muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden, de acuerdo con su capacidad y su responsabilidad histórica en la emisión de CO2 a la atmósfera.

El objetivo a alcanzar en 2030 debería ser del 55% de reducción de emisiones, en lugar del 32% propuesto en el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), tomando como base las emisiones de 1990.

Solo esa drástica reducción puede contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5º y evitar así los peores efectos del cambio climático, tal y como advierte la comunidad científica y se expone en el reciente informe “Claves para convertir España en líder mundial de acción climática”.

“Según recoge nuestra Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales deben ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España, afirma Jaime Doreste, abogado de las entidades demandantes.

“Por lo que entendemos que esta nueva interpretación que lleva a cabo la sentencia del TEDH debe ser plenamente acogida por el Tribunal Constitucional”, concluyó Doreste.

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