Foto: Red Muqui.
Servindi, 24 de junio, 2019.- En el marco del proyecto Río Blanco, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura avanzó judicialmente con el caso de dos comuneros asesinados y cinco heridos tras un conflicto social de 2009.
Este progreso se consiguió al declarar procedente la solicitud de acumulación de los dos expedientes penales de las siete víctimas de la comunidad de Segunda y Cajas, en Huancabamba.
El caso ocurrió el 2 de diciembre de 2009, fecha en que 35 efectivos policiales de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) ingresaron arbitrariamente a los terrenos de los afectados.
Según informa el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), utilizando vehículos de la PNP y la empresa minera Río Blanco Copper S.A., dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario.
En dicho episodio, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda. Se trata de Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama.
Además, fueron heridos cinco comuneros: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Togas Togas y José María Ramírez.
Tras la denuncia, la fiscalía decidió formalizar una investigación preparatoria y formuló la acusación por asesinato y tentativa de asesinato contra los policías implicados, solicitando condenas de pena privativa de libertad.
Este proceso judicial ha presentado algunos inconvenientes, como la existencia de dos acusaciones por los mismos hechos y con las mismas víctimas aunque con distintos policías.
Estos agentes, de acuerdo con el OCM, estuvieron presentes en el mismo acontecimiento investigado.
Para su solución, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabamba y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), asesores legales de los afectados, solicitaron al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria la acumulación de ambos expedientes.
Este recurso legal sostiene que hay un vínculo entre ambos expedientes y, conforme a la norma procesal, debían de acumularse necesariamente.
Pese a este sustento, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba rechazó la solicitud, resolución que fue apelada por la fiscalía y FEDEPAZ.
Finalmente, la apelación fue declarada fundada por la segunda y última instancia.
Malos antecedentes
Según indicaron los comuneros en diversas manifestaciones, la negativa al proyecto Río Blanco ha ocasionado hostigamientos y persecución contra ellos. Incluso, denuncian las ocupaciones ilegales de sus territorios por parte de la operadora.
Un ejemplo es lo ocurrido en 2005, año en que 28 personas fueron torturadas en el campamento minero de Río Blanco Cooper S. A. Los afectados demandaron a esta empresa ante la Alta Corte del Reino Unido.
Sobre este hecho, Río Blanco Cooper S. A., que ya era de capitales chinos, planteó en el 2011 un acuerdo extrajudicial para evitar el juicio.
Entre el 13 y 16 de octubre de 2007, en un proceso de inspección al mencionado proyecto de exploración, el Organismo Supervisor de la Inversión de la Energía y Minería (OSINERGMIN) encontró incumplimientos en materia de la seguridad, la higiene minera, el cuidado del medioambiente.
En 2008, OSINERGMIN multó con el monto máximo de sanción a Río Blanco Cooper S. A. por realizar la mayor cantidad de actividades de las que tenía autorizado en su EIA-d para la etapa de exploración.
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