El Corredor Vial Sur Apurímac – Cusco – Arequipa fue declarado en Estado de Emergencia nuevamente por 30 días, esta es la quinta vez que el gobierno prórroga dicha medida en esta zona.
Servindi, 23 de agosto, 2024.- Bajo constante alerta viven decenas de comunidades aledañas que, al corredor minero del sur, debido a las constantes declaraciones de emergencia en la zona que afectan su vida diaria.
En este corredor están proyectos mineros como Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco), entre otros a los que las comunidades se han opuesto y denunciado contaminación.
Sin embargo, muy contraria a la realidad de la población el decreto señala que es con la finalidad de preservar el orden interno y garantizar los derechos constitucionales, colocando en la zona policías y militares.
“Parecería que estamos secuestrados(...). [Pero] Las zonas aledañas a la extracción, donde la pobreza y la contaminación por metales pesados son más graves, siguen desatendidas” dice Elsa Merca, de la organización Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar.
El Decreto Supremo justifica la extensión del Estado de Emergencia bajo el pretexto y recomendación de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú que sustenta que mantendrá estas medidas para proteger a la población de actos violentos.
Sin embargo, al mantener este régimen de excepción, el Estado no solo limita algunos derechos fundamentales, sino que también crea un marco legal que atemoriza a la población, restringiendo su derecho a libertad de tránsito y la libertad de reunión.
La lideresa agregó que, estos hechos solo reflejan que el gobierno de Dina Boluarte prioriza proyectos mineros antes que la demanda de la población.
Este régimen de excepción restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
Lejos de abordar las causas de los supuestos actos violentos, esta medida parece estar más enfocada en controlar y reprimir a la población, según precisa el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
Yovana Mamani coordinadora del programa Sur Andino de CooperAcción, cuestionó esta medida y la calificó de ineficaz para mediar los conflictos de la zona, los cuales se mantienen como una medida para viabilizar el funcionamiento de la empresa minera.
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