Boluarte no solo olvida que en campaña se comprometió a no apoyar este proyecto, sino también el rechazo social aún vigente de los agricultores que serían afectados en el Valle de Tambo, Arequipa.
Servindi, 23 de mayo, 2023.- Pese a que el proyecto minero Tía María fue rechazado con contundentes protestas en tres ocasiones (2011, 2015 y 2019) por sus impactos ambientales, el gobierno de Dina Boluarte insiste en impulsarlo.
Boluarte no solo olvida que en campaña se comprometió a no apoyar este proyecto, sino también el rechazo social aún vigente de los agricultores que serían afectados en el Valle de Tambo, Arequipa.
Promesa olvidada
Como se sabe, recientemente el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, señaló que el proyecto Tía María está en la agenda del gobierno y hay avances en los planes de su reactivación.
El anuncio develó un contraste con la postura que Dina Boluarte mostró durante la última campaña política en la que postuló como vicepresidenta por Perú Libre, en la plancha liderada por Pedro Castillo.
En campaña, Boluarte firmó el denominado “Compromiso con el Valle El Tambo”, en el que se exigía la “cancelación definitiva del proyecto minera Tía María”, en la provincia de Islay, Arequipa.
La presidenta Dina Boluarte y su ministro de Energía y Minas, Óscar Vera: pretenden impulsar Tía María.
Así como el retiro inmediato de la empresa minera Southern Perú, responsable del proyecto minero, de la provincia de Islay, y la declaratoria de “intangibilidad del Valle de Tambo”.
Además, en declaraciones en Arequipa que quedaron registradas en un video, Boluarte acusó a las empresas extractivas de contaminar el medio ambiente y dijo que “Tía María no pasará” porque primero está la vida.
Todas estas declaraciones parecieran haberse dado únicamente con el fin de ganar votos, pues hoy que Boluarte es presidenta del Perú ha decidido deshonrar a su promesa poniendo el proyecto en agenda.
Rechazo vigente
Pero que Boluarte falte a su promesa quizás no es lo más grave, considerando que se trata de una autoridad proveniente de un partido de izquierda que ha encontrado respaldo en la derecha más reaccionaria para mantener su gobierno.
Lo realmente grave es que, al impulsar nuevamente Tía María, el gobierno de Boluarte esté omitiendo el descontento y rechazo aún vigente de pobladores de Valle de Tambo contra el proyecto.
Para las organizaciones sociales de esta zona el proyecto ha demostrado ser inviable, tal como explicaron el 18 de mayo un grupo de panelistas en el programa “La hora verde”, de CooperAcción.
Dilvia Gálvez, activista y comunicadora popular, señaló que el rechazo de la población hacia el proyecto “pasa por argumentos técnicos y legales” y por las heridas sociales causadas por Tía María aún abiertas.
Citó, por ejemplo, que muchas de las audiencias que hizo Southern fue con gente que no era de la zona, sino de otras regiones, y recordó que hay 10 fallecidos por la resistencia al proyecto, cuyas familias no encuentran justicia.
Máximo Miranda, dirigente de la CGTP Mollendo, destacó que en el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, la compañía no pudo demostrar cómo iban a desalinizar agua del mar para ya no usar agua del río.
“El proyecto será a tajo abierto y van a utilizar explosivos para extraer el mineral. Los vientos van a llevar estas partículas contaminantes a los cultivos y al océano pacífico”, sostuvo.
En esa misma línea Marilú Marroquín, expresidenta Junta de Usuarios de Mejía La Ensenada, señaló que la empresa quiso dar dadivas y regalos a dirigentes y autoridades de la provincia de Islay, como una forma de comprometerlos y obtener la aceptación del proyecto.
“No hay forma de que tuerzan la voluntad de las personas del valle. La ubicación de la Tapada y Tía María están al lado del valle. Los agricultores tendríamos que volvernos mineros”, apuntó.
Tres veces muerto
Como ya se ha señalado, el proyecto minero Tía María ha sido rechazado con contundentes protestas en tres ocasiones (2011, 2015 y 2019), desde que se puso en agenda, en el 2009.
De hecho, ese 2009, una consulta popular realizada por autoridades del Valle El Tambo en tres distritos del área de influencia directa del proyecto demostró que el 95.09% rechazaba la actividad minera.
Además, entre 2010 y 2011, se reveló a partir de una revisión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) las serias deficiencias que contenía este proyecto.
La UNOPS hizo 138 al EIA del proyecto, entre ellas tres de gravedad: que no contaba con un estudio hidrogeológico, no detallaba la construcción de una planta desalinizadora para usar agua del mar.
Y deslizaba la posibilidad de explotar oro, lo que podía implicar el uso de mercurio, según ha recordado en un reciente artículo para “Hildebrandt en sus trece”, el columnista Ybrahim Luna.
Articulo de Ybrahim Luna sobre el intento del gobierno de Boluarte por reimpulsar el proyecto Tía María. Foto: Hildebrandt en sus trece
Todo esto intentó ser ocultado por el Ministerio de Energía y Minas, pero si filtró. Lo que siguió a continuación fueron una serie de protestas que acabaron con cuatro manifestantes muertos, en 2011.
La segunda derrota del proyecto se daría en 2015, un año después de que la segunda versión del EIA del proyecto fuera aprobada tras ser subsanada por la compañía Southern Perú.
Los talleres y actividades de socialización con los pobladores cercanos a la mina no sirvieron de mucho, pues las protestas volvieron a estallar, dejando cuatro muertos (tres civiles y un policía).
La empresa anunció la cancelación del proyecto y amenazó con irse del país. Pero años después, en 2019, el gobierno de Martín Vizcarra otorgaría la licencia de construcción del proyecto antes de que caducase el EIA.
La empresa dijo que solo iniciaría actividades si lograba la licencia social, lo cual generó nuevas protestas que acabaron con la suspensión temporal de la licencia de construcción del proyecto.
Todo esto hace, a todas luces, inviable socialmente al proyecto minero Tía María, a pesar de la promesa de inversión de 1,400 millones de dólares y de 3,600 puestos de trabajo.
Southern y Grupo México
Un dato que pasa desapercibido en medio de esta trama de constantes intentos frustrados por imponer Tía María son los antecedentes de Southern Perú y su matriz, el Grupo México.
Este grupo, según Ybrahim Luna, ha tenido procesos por casos de contaminación ambiental, como los derrames de sulfatos de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, en México, los más grandes de ese país.
El presidente de Southern, Óscar Gonzáles Rocha, además, se liberó de la cárcel en 2015 por la reiterada contaminación que su empresa perpetró en aire y agua en la provincia de Ilo, Moquegua.
La fiscalía llegó a pedir 30 meses de prisión efectiva para Gonzáles y una importante indemnización económica, pero el juez que vio el caso aceptó una acción de amparo y congeló el caso.
Para hacerlo, el juez argumentó irónicamente que al tratarse de una persona de la tercera edad (77 años), Gonzáles debía tener “calidad de vida, entendiéndose por esta la integridad del ser humano en los aspectos físico, psíquico y espiritual”.
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