El informe del Departamento de Estado de EE. UU. indica que hubo ejecuciones extrajudiciales creíbles, restricciones a la libertad de expresión, corrupción y violencia de género.
Informe confirma que en Perú hubo violaciones de derechos humanos
23 de abril, 2024.- El Informe de Derechos Humanos 2023 señala que las investigaciones sobre las muertes de manifestantes durante la crisis en el Perú avanzan lentamente lo que genera dudas sobre la transparencia del procedimiento.
Según el diario La República, en su sección sobre respeto a la integridad de la persona, el informe muestra preocupación sobre el ejercicio de la fuerza por parte del Gobierno y sus agentes, especialmente durante protestas y manifestaciones.
Detalla que en 2022 y 2023, se reportaron 49 muertes de civiles, especialmente en Puno y Ayacucho. Agregan, el asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón, hechos relacionados a violencia y violaciones a los derechos humanos.
El informe señala que la discriminación y abusos sociales contra comunidades indígenas, afroperuanas, personas LGBTQI+, personas con discapacidades y violencia de género, persiste como un problema crítico en el país.
El documento insta a proteger los derechos de estos grupos vulnerables y combatir este problema en todas sus formas, sin embargo, señalan inquietudes sobre la impunidad y la falta de acción efectiva en casos de violaciones de derechos.
En cuanto a las libertades civiles, se registraron 153 ataques contra periodistas entre 2022 y 2023, por grupos extremistas como La Resistencia, que hostigaron a periodistas, medios y organizaciones defensoras de derechos humanos.
También aborda la problemática laboral del país que se enfrenta a empleos precarios, trabajo informal y la necesidad de medidas urgentes basadas en la aplicación de las leyes laborales, para garantizar condiciones justas y equitativas.
Evidenció obstáculos para la libertad de asociación y la negociación colectiva para defender el derecho de los trabajadores.
Además, resalta la corrupción en el gobierno, reflejada en las investigaciones por el caso Odebrecht y las del expresidente Pedro Castillo vinculadas a la adjudicación de contratos de infraestructura.
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