En base a las investigaciones, Amnistía Internacional señala que hay elementos sobre la responsabilidad de la presidenta en muertes registradas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Servindi, 22 de julio, 2024.- La presidenta del Perú podría estar implicada como parte de la cadena de mando responsable de las muertes de 50 civiles y más de 1400 heridos durante las protestas que exigían su renuncia y el cierre del Congreso.
El último informe de Amnistía Internacional, ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por las muertes y lesiones en protestas en Perú, detalla las decisiones de Boluarte que ameritan que la Fiscalía evalúe su responsabilidad.
“Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos", dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
¿Cómo actuó Boluarte ante la evidente violación de DD. HH.?
Durante las protestas, Dina Boluarte, solo envió dos cartas al Ministerio del Interior y de Defensa, pidiendo "informe urgente" sobre la muerte de una persona en Arequipa, mientras que en las 29 reuniones sostenidas con la PCM no tomó ninguna acción.
Amnistía señala que Boluarte tuvo la oportunidad de condenar el uso de la fuerza y ordenar un cambio de táctica. Sin embargo, continuó elogiando a las fuerzas de seguridad y dejó entrever que los manifestantes eran “terroristas” y “criminales”.
El rol de los ministros
Alberto Otárola, el expremier, pudo renunciar después del 9 de enero de 2023 en Juliaca, pero se presentó al Congreso para recibir su voto de confianza, sin rendir de cuentas por las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en Juliaca.
En el caso del Ministerio del Interior tuvo tres titulares en los meses de las protestas, todos exgenerales de la Policía, y tenía a su cargo los procesos disciplinarios de los efectivos involucrados a través de la Oficina de Asuntos Internos (OAI).
Sin embargo, tal como lo señala Amnistía Internacional, esta oficina “habría sido omitida en su seguimiento de expedientes administrativos en contra de mandos superiores de las operaciones policiales durante las protestas sociales”.
¿Qué acciones tomó la Policía?
El comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado, delegó al Comasgen la respuesta de la Policía a las protestas. Este comando tenía como jefe al general PNP Jorge Luis Angulo Tejada, ascendido en marzo de 2023 por Dina Boluarte.
Este comando se encargó de firmar los planes generales y los aplicados en regiones, elaborados por los jefes policiales de cada región, y dispuso el despliegue de la División de Operaciones Especiales en las zonas de las protestas.
En los planes los manifestantes eran señalados, como “organizaciones terroristas” y “organizaciones delictivas”. Incluso, se expone la posibilidad de que entre los manifestantes se encuentren “remanentes de las OT-SL”.
Consecuencias de la represión violenta
En Andahuaylas, el 12 de diciembre de 2022, fuerzas especiales de la policía dispararon munición hacia un cerro y mataron a tiros a dos jóvenes. Los comandantes a cargo de la operación estuvieron a solo 2 cuadras del lugar de los hechos.
Un mes después de las muertes en Andahuaylas, la PNP decidió desplegar a los mismos jefes de las fuerzas especiales al aeropuerto de Juliaca, donde tras las protestas el 9 de enero, 18 personas murieron y más de 100 resultaron heridas.
La violenta represión en Juliaca. Foto: José Sotomayor
En una operación combinada entre el Ejército y la PNP en el aeropuerto de Ayacucho, también murieron 10 personas. Sin embargo, los altos mandos de la PNP realizaron otra vez una operación conjunta militar-policial en Juliaca.
Cuatro días después de lo sucedido en Ayacucho, ascendió al ministro de Defensa a jefe de todo su gabinete. En los meses posteriores el ejército solo tomó medidas disciplinarias internas contra ocho soldados por faltas leves.
Las acciones militares estuvieron a cargo del general EP Jesús Amarildo Vera Ipenza, quien respondía directamente al Comando Operacional del Este, que estaba por debajo del CCFFAA.
¿Cuál es la situación actual de las víctimas?
A un año y medio de ocurridas las protestas, con el saldo de 50 personas muertas, siete de ellas menores de edad y más de mil heridos graves, por efectivos de la policía y del Ejército, el discurso de la presidenta Dina Boluarte sigue siendo estigmatizante.
Asimismo, las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos avanzan lentamente. La presidenta y los ministros no acudieron a ser interrogados en varias ocasiones.
Los fiscales han logrado algunos avances en la identificación de varios policías y militares como sospechosos en investigaciones penales, pero siguen pasando por alto a funcionarios clave de la cadena de mando, especialmente a altos mandos de la PNP.
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