Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, candidatos en las elecciones en Venezuela, el 28 de julio de 2024.
Los ataques a líderes opositores y las recientes declaraciones de Nicolas Maduro generan dudas sobre la eventual transmisión de mando ante la posibilidad de un resultado favorable a la oposición.
Servindi, 22 de julio, 2024.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre la persecución política que se vive en Venezuela a pocos días de las elecciones que podrían ponerle punto final al chavismo tras 25 años.
Este contexto de agresión se ve agravado con las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien dijo que, de no ganar la reelección, el país podría “caer en un baño de sangre, en una guerra civil”.
“Este tipo de discursos por parte de la máxima autoridad del Estado y de las fuerzas de seguridad tiene como efecto amedrentar y coartar la libertad política del electorado”, consideró la CIDH en un pronunciamiento.
Las afirmaciones de Maduro generan dudas sobre la eventual transmisión de mando ante la posibilidad de un resultado favorable a la oposición, representada esta vez por Edmundo Gonzáles Urrutia.
Maduro llega a las elecciones castigado por el desgaste, mientras que la oposición encabezada por Gonzáles despierta expectativas de un cambio real y espera que esto se concrete en las urnas el domingo 28 de julio.
La política más popular de Venezuela, María Corina Machado, no pudo presentarse al haber sido inhabilitada por la autoridad electoral, pero su popularidad es el principal motor de la candidatura antichavista.
En su lugar, se presenta Gonzáles, un diplomático de carrera que tiene un mensaje conciliador, invocando constantemente la unidad de los venezolanos y rechazando cualquier polarización.
Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro, candidatos en las elecciones en Venezuela, el 28 de julio de 2024.
En lo que va del 2024, en Venezuela se han documentado ataques a líderes opositores, detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y miembros de campañas opositoras, cierres de medios y negocios.
Así como hostigamientos a comités de campaña y simpatizantes (incluidas personas propietarias de empresas) e inhabilitaciones administrativas de personas candidatas para cargos de elección popular.
“Estos hechos afectan la institucionalidad democrática y las libertades de asociación, reunión y expresión, toda vez que desalientan la participación política de las personas opositoras, de su electorado y de la ciudadanía en general”, indica la CIDH.
El organismo hace un fuerte llamado al gobierno de Venezuela a poner fin a la represión y garantizar una elección presidencial libre, competitiva y participativa.
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