CIDH insta a impulsar la transición energética

Servindi, 23 de abril, 2024.- Por el Día Internacional de la Madre Tierra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a impulsar la transición energética que atienda las desigualdades en los grupos vulnerables en el marco de la emergencia climática.

La exhortación la efectuó la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH.

En su Plan de Trabajo 2024-2026, “Una agenda Hemisférica por los DESCA”, la Relatoría Especial enfatiza en la necesidad de adoptar medidas que permitan una transición energética justa. 

Priorización que es consistente con el Plan Estratégico 2023-2027 de la CIDH y los mandatos orientados a construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo que fueron acordados en junio de 2022 durante la IX Cumbre de las Américas.

La REDESCA avanzó a través de la aprobación de la Resolución 3/2021 de la CIDH sobre Emergencia Climática. En este marco, insta a los Estados a adoptar y aplicar políticas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. 

En el informe de Empresas y Derechos Humanos, la REDESCA y la CIDH establecen que los Estados dirijan sus esfuerzos a asegurar que las empresas reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero y publiquen información sobre las acciones dirigidas a ese fin. 

Llama a que las políticas de transición energética a implementar cuenten con la participación de las comunidades afectadas para evitar la vulneración de derechos como se registra en caso de instalación de parques eólicos o la extracción de minerales para producir energía limpia. 

Para avanzar, es esencial eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, junto con la imposición de impuestos sobre estos, que puede reducir las emisiones de carbono y fomentar la inversión en tecnologías más limpias y renovables. 

Al mismo tiempo, este enfoque debe integrar principios de justicia social y justicia climática, asegurando que las comunidades de bajos ingresos no sean perjudicadas desproporcionadamente por estos cambios y que los beneficios de las políticas ambientales se compartan de manera equitativa.

La REDESCA advierte que la transición justa puede plantearse como una oportunidad para el desarrollo de las economías pues se ahorraría hasta 621.000 millones de dólares anuales si los sectores de energía y transporte lograran la neutralidad de emisiones para el 2050.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimaron que transitar hacia la sostenibilidad energética crearía más de un millón de empleos para 2030.

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