Servindi, 21 de noviembre, 2018.- Preocupación internacional ha generado la solicitud de asilo del expresidente de Perú, Alan García, al gobierno de Uruguay.
Dos organismos expresaron su inquietud por el uso de esta protección internacional como una táctica para eludir la justicia por su presunto involucramiento en actos de corrupción.
Se trata de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).
Ambos organismos de derechos humanos indicaron que si bien reconocen que toda persona tiene el derecho de solicitar asilo político no se debe permitir que se desnaturalice este derecho.
Ello, en particular, por personas –como el caso de Alan García Pérez–, que han sido sometidas a una investigación justificada por actos de corrupción por autoridades competentes en el Perú.
Es importante advertir que fue el Poder Judicial quién impuso un impedimento de salida del país por 18 meses a Alan García mientras era investigado por su posible involucramiento en lavado de activos y colusión.
Lucha internacional contra la corrupción
“La corrupción se encuentra presente en todos los estados de la región, debilitando las democracias y acentuando la desigualdad, sin la limitante de fronteras nacionales" señaló Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
"Ante este fenómeno, es importante enviar un mensaje multilateral unificado que ningún mandatario o exmandatario de Estado está por encima de la ley si se enfrenta una investigación por corrupción” agregó,
“El Perú es un país democrático donde impera el estado de derecho,” indicó Jo-Marie Burt, experta sobre el Perú y asesora principal de WOLA.
“Afirmar, como lo ha hecho el expresidente García, que el Ministerio Público y el Poder Judicial están siendo utilizado para perseguirlo políticamente carece de toda seriedad" manifestó.
"Más bien, con esta solicitud de asilo, Alan García está buscando obstruir la justicia” puntualizó Jo-Marie Burt.
Llamado a Uruguay
"Aplaudimos la trayectoria de Uruguay de asumir seriamente su compromiso de contemplar cuidadosamente las solicitudes de asilo político, en momentos en que este derecho ha sido fuertemente cuestionado a nivel internacional" indican WOLA y CEJIL.
En tal sentido, hacen un llamado al Estado uruguayo a que analice detenidamente la solicitud "asegurando que dicho proceso no nutra la impunidad ante posibles acciones ilícitas".
"Cualquier persona que solicite protección internacional debe recibir un trato sin discriminación alguna, con garantías al debido proceso, y que culmine con una decisión motivada y razonada. El caso del Sr. García no es la excepción" indican.
“Sin embargo, no podrán empañar las acciones que la justicia peruana debe llevar a cabo en la lucha contra la corrupción y el combate contra la impunidad, por este y cualquier otro tipo de delitos en los que una persona pudiera estar involucrada, situación que deberá ser probada ante las autoridades judiciales competentes,” precisó Jo-Marie Burt de WOLA.
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