Informe de la Defensoría y expertos confirman que norma aprobada por el Congreso ha generado incentivos perversos que alientan la deforestación y los incendios forestales, por lo cual debe ser derogada de inmediato.
Servindi, 20 de setiembre, 2024.- La Ley 31973 (Ley Antiforestal), aprobada por el actual Congreso, es una de las grandes causantes de la tragedia ambiental que vive el país pues facilita la deforestación y los incendios forestales.
Así se desprende de un informe reciente de la Defensoría del Pueblo y de expertos en materia ambiental que exigen al Congreso retractarse de inmediato y poner en debate los proyectos de ley que plantean su derogatoria.
“Hay un intento por parte de congresistas que aprobaron esta norma de guardar silencio para no mostrar su responsabilidad, por eso hoy más que nunca se debe exigir que respondan y deroguen esta ley”, señaló el abogado César Ipenza a Servindi.
Ley Antiforestal facilita incendios
La Defensoría del Pueblo sostiene que Ley 31973 “facilita la deforestación y los incendios forestales al exonerar la clasificación de tierras, la autorización de cambios de uso de tierras y responsabilidades administrativas y penales”.
Todo esto “facilita la conversión de bosques en tierras agrícolas, fomentando la quema de bosques y pastizales para convertirlas en tierras agrícolas”, señala el organismo en un informe compartido este 20 de setiembre.
En consecuencia, al exonerar a los agricultores de realizar estudios de suelo y de contar con la autorización para que puedan proceder con el cambio de uso de suelo, se debilita la capacidad del Estado para evitar la deforestación y proteger los ecosistemas forestales. Asimismo, se valida la deforestación existente y se facilita nuevos procesos de conversión de bosques en tierras agrícolas, fomentando prácticas ilegales y destructivas para el medio ambiente, como la quema de bosques y pastizales para ampliar la frontera agrícola, obtener la constancia de posesión y luego el título de propiedad, señala la Defensoría del Pueblo.
Informe demoledor de la Defensoría del Pueblo confirma lo previsible: Ley Antiforestal motiva ola de incendios forestales en el país y agrava la deforestación.
Para el abogado César Ipenza, especialista en temas ambientales, es claro que la Ley Antiforestal “genera incentivos perversos para que la gente se haga de más tierras”, motivando así la quema y deforestación de bosques.
“La gente señala que simplemente tiene las autorizaciones y condiciones para poder deforestar. Entonces, definitivamente, esta ley impulsa, motiva y facilita la deforestación y los incendios”, señaló Ipenza a Servindi.
En la misma línea se ha expresado la congresista Susel Paredes, quien sostuvo que la Ley Antiforestal ha “estimulado” a que diferentes poblaciones quemen más terrenos y bosques para que así el Estado les otorgue títulos de propiedad.
“Esta ley permite que se regularicen los títulos de agricultores que han hecho campos de cultivo en el bosque, entonces ahora eso ha motivado que mucha gente queme el bosque para decir ‘tengo mi chacra, entonces titúlame’”.
La magnitud de los problemas que ha generado la Ley Antiforestal es tal que hasta entidades del Estado que permitieron la aprobación de la norma han tenido que admitir los impactos negativos que está generando.
Es el caso del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), cuyo Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas cuestionó la Ley Antiforestal.
Entrevistado en Canal N, Christian Huamán Mendoza admitió que la norma ha agravado los riesgos de tener más incendios forestales, pues ha creado la falsa impresión de que se puede deforestar sin recibir sanciones.
“La ley precisa periodos antiguos, no formaliza periodos nuevos de deforestación y eso es una preocupación porque la gente a veces malinterpreta y dice ‘tengo carta abierta para deforestar y nadie me va a penalizar’”.
Exigen su derogatoria
Ante esta situación, cada vez son más las voces que exigen la derogatoria de la Ley N° 31973 (Ley Antiforestal), aprobada por el Congreso en enero de 2024, pese a la oposición de entidades ambientales, expertos, pueblos indígenas y sociedad civil.
Recientemente, se han expresado en este sentido el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y los docentes, egresados y estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la Unidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).
Además, la ciudadanía —jóvenes, activistas, estudiantes y pueblos indígenas— ha vuelto a tomar las calles del centro de la capital y de provincias exigiendo acciones inmediatas ante los incendios y la derogatoria de la norma.
Manifestantes exigen derogación de Ley Antiforestal. Foto: La Mula
Por su parte, la Defensoría del Pueblo —que bajo la gestión de Josué Gutiérrez guardó silencio sobre los impactos negativos de la Ley Antiforestal— también ha cambiado de postura y ahora pide que se debata su derogatoria.
“Exhortamos al Congreso a debatir el dictamen recaído en los proyectos de ley 6788, 6812, 6890 y 6958/2023-CR, que proponen la derogatoria de la Ley 31973”, señaló la institución este 20 de setiembre.
Los cuatro proyectos fueron presentados por diferentes congresistas en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y en la Comisión Agraria del Congreso de la República.
No obstante, solo la Comisión de Pueblos aprobó un dictamen por mayoría, en abril de 2024, solicitando su derogación. La norma ahora está pendiente de ser agendada para su debate en el Pleno.
En la Comisión Agraria, presidida por el congresista fujimorista Eduardo Castillo, los proyectos ni si quiera se han debatido. “Está en su responsabilidad hacerlo”, dice el abogado César Ipenza.
“Quienes han aprobado esa norma son también responsables de la desgracia que estamos viviendo con los incendios masivos”, sostuvo hace unos días la congresista Susel Paredes a través de cuenta de X (antes Twitter). Juzgue usted a la luz de los hechos.
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