Servindi, 20 de agosto, 2019.- Luego de dar a conocer los nombres de los funcionarios del sector forestal que permitieron que una red lavara madera ilegal en la Amazonía peruana, presentamos un ejemplo de cómo se moviliza la madera desde la cosecha hasta la venta.
Los estudios de caso se incluyen en el informe Autorizado para robar: redes de crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía peruana publicado por el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés) en julio de 2019.
Para el informe, CIEL analizó más de mil Guías de Transporte Forestal (GTF) otorgadas en los meses de junio, julio y agosto de 2017 por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) de Loreto y Ucayali y supervisadas por el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor).
Tras el análisis, CIEL detectó que, la ARFFS no estaría “tomando en cuenta los antecedentes de los titulares de los contratos forestales y regentes forestales involucrados”, antes de aprobar un Plan de Manejo Forestal (PMF).
Además, a pesar de que se puede realizar una consulta en el Sistema de Información Gerencial del Osinfor (SIGO) para determinar el estado del PMF antes del registro y otorgamiento de la GTF, varios casos analizados demostrarían lo contrario.
Por ejemplo, el 22 de junio de 2017 a través de la Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre de Pucallpa, Leydi Noelia Campos Martín autorizó la GTF 13-0248009.
Dicha GTF correspondía a la comunidad nativa Sheyamashya y la supervisión a su PMF había finalizado el 29 de abril del 2017; sin embargo, este se encontraba en la lista roja del SIGO desde el 31 de mayo del 2017.
“Consecuentemente en la fecha en que se otorgó la GTF Nro. 13-0248009, existía información pública y elementos suficientes para presumir que la madera que se estaba buscando amparar con la GTF era de origen ilegal”, refiere el estudio.
Es más, de acuerdo con CIEL, el procedimiento para constatar el estado de un plan operativo en el SIGO “es tan sencillo que no debe tomar más de cinco minutos hacer la determinación de la condición del producto forestal”.
“Con mucha facilidad pueden hacerlo no solo los agentes de control forestal y aduaneros, sino también compradores, exportadores e importadores, etc.”, advierte la investigación.
Ruta de la madera
Del análisis de los documentos, CIEL elaboró la ruta que sigue la madera desde el punto de extracción en el bosque hasta el puerto del Callao.
Por ejemplo, la GTF 13-0250437 fue expedida el 26 de julio del 2017 por Leydi Noelia Campos Martín en la oficina de la Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre (ARFFS) de Pucallpa.
Luego, en la misma oficina, Víctor Javier Vidalón Ríos otorgó la GTF 13-0252736 del mismo titular de contrato forestal de la comunidad nativa Santa Carmela, el 25 de agosto del 2017.
Además, dentro de los detalles del acuerdo aparece Hugo Paima Ríos, el regente forestal que elaboró y suscribió el PMF y Carlos Eduardo Shapiama del Castillo, quien realizó la inspección ocular y recomendó la aprobación del PMF.
También aparece Kathia Janeth García Ayachi como la funcionaria que firmó la resolución de aprobación del PMF.
Cuando CIEL revisó los expedientes de los procesos administrativos sancionadores generados por Osinfor, a través del portal de transparencia pública, determinó que “los resultados de la supervisión advierten que el 100 por ciento de la madera amparada en el referido PMF es ilegal”.
Para conocer la condición del producto forestal, según la investigación, la ARFFS también pudo recurrir al mismo procedimiento metodológico antes de otorgar o canjear la GTF y así poder emitir una decisión informada o generar una alerta a los actores del sector.
Te puede interesar:
#Perú: Regentes forestales, el primer eslabón dentro del #LavadoDeMadera → https://t.co/QsWHB4aqEB pic.twitter.com/1W3cDNd1jU
— Servindi (@Servindi) 16 de agosto de 2019
AÑADE UN COMENTARIO