Comunidad campesina en riesgo de ser desalojada por cuestionada sentencia

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Fallo no tomó en cuenta jurisprudencia sobre protección de pueblos indígenas y favorece a un exhacendado que acreditó la propiedad del territorio con un documento prescrito.

Servindi, 20 de marzo, 2023.- Más de 1000 ciudadanos, entre mujeres, niños y adultos mayores de la comunidad campesina de Tantacalla, distrito de Huanoquite, región Cusco, podrían ser desalojados este 24 de marzo de ejecutarse una cuestionada sentencia.

La sentencia, que no tomó en cuenta la jurisprudencia sobre protección de los derechos de pueblos indígenas, favorece a un exhacendado que acreditó la propiedad del territorio con un documento prescrito.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advierte que, si el Estado ejecuta la sentencia, generaría un alto costo social y humanitario que sería denunciado ante instancias internacionales.

Origen del caso

Tantacalla sufrió el despojo y reparto de sus territorios ancestrales hasta la reforma agraria. La comunidad registra su existencia formal desde 1926; y obtiene su título de propiedad en 1988.

Sin embargo, en el 2005, Luis Paz Vizcarra (exhacendado) denunció a la comunidad por “nulidad e insubsistencia parcial del título de propiedad, cancelación parcial del asiento de inscripción registral y reivindicación de las tierras de la comunidad”.

En el 2009, la Dra. Bony Gamarra Flórez, destituida por la Junta Nacional de Justicia, a cargo del Juzgado Mixto de Santiago, declaró fundada las demandas.

Luego, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco confirmó la sentencia. Y en el 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado un recurso de casación de la comunidad.

Fallo cuestionado

Según la CNDDHH, estas instancias no tomaron en cuenta la jurisprudencia nacional e internacional sobre protección de los derechos de los pueblos indígenas, violando una serie de normativas.

Entre ellas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)

Así como la Jurisdicción Especial Comunal reconocida por la Constitución y la Ley Nº 24657 sobre caducidad de la acción y vencimiento de plazos en la tramitación administrativa.

Esta situación “hace prever que dicha sentencia expresaría graves indicios de corrupción”, señala Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH, que insta al Estado a no concretar el desalojo.

“Dicha sentencia vulnera el derecho de los territorios ancestrales (…) En este sentido, la CNDDHH insta a no ejecutarse la sentencia y a defender los territorios ancestrales”, indica.

 

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