El Estado peruano ha comenzado a hacer transparente el robo de leyes al contrato social de convivencia entre empresa, comunidad y Estado. Así lo explica el antropólogo Mario Zúñiga Lossio en el siguiente artículo:
Las Leyes Robadas. Promoción del despojo amazónico y abandono de la participación en la toma de decisiones
Por Mario Zúñiga Lossio*
20 de marzo, 2018.- En el cuento, La Carta Robada, Edgar Allan Poe relata cómo el detective Dupin, a diferencia de un policía minucioso en detalles, encuentra que el denunciante de un robo era el mismo ladrón, el cual, para no ser descubierto, había dejado transparentemente a la vista de todos en su chimenea, la carta que supuestamente le había sido robada. Es decir, un ladrón que, para ocultar su robo, lo muestra a todo el mundo.
Los proyectos de Ley de Promoción para la Industria de Hidrocarburos (LPIH) y de Pasivos (1) , parecen este cuento, ya que no ocultan el despojo contra los pueblos indígenas, campesinos y pescadores. En este sentido, no es necesario rebuscar, como lo hace el detective despistado en el cuento de Poe, para determinar los intereses, las mentiras, los miedos y la estrategia para seguir quitándole a los pueblos el control sobre su libre determinación. No, el Estado, totalmente fresco y orondo, muestra a la vista de todos, en los proyectos promovidos, que este sector de la población no existe en la toma decisiones, incluso cuando estas normas deberían tener el objetivo de generar equilibrio ambiental o bienestar social.
De tal modo, si se aprueban los proyectos tal cual, existe la posibilidad real de una sustracción, a todas vistas, de diferentes derechos y programas ganados por sociedad civil en diferentes espacios de movilización y diálogo, que hoy el Estado deja de lado. Con esto afecta principalmente al sector de la población que sufre en carne propia los impactos de las empresas extractivas.
Si bien ya hemos hecho un análisis sobre los vacíos políticos de uno de los proyectos (2), ahora queremos mostrar lo que posiblemente “ocultan a todas vistas” esos vacíos. A continuación, mostramos estas “Cartas”:
Primera Carta: promoción invasiva de la Amazonía.
La nueva LPIH confirma el perfil neo-liberal salvaje del Estado, el cual quiso solaparse detrás de la fachada constitucional de Economía Social de Mercado (3). En este marco la nueva LPIH, sigue recogiendo de la antigua norma –en sus objetivos y articulados (4)– la promoción del libre mercado .
No hay puntada sin hilo. Esta confirmación, coincide en la práctica con lo mostrado de manera transparente por Perupetro: la promoción de las actividades de hidrocarburos sobre la Amazonía y el mar peruano.
En el portal de Perupetro (5), la información a vista de todos, por ejemplo, les dice a los pueblos de Loreto que se avecina en este espacio amazónico una ola gigante de lotes sobre sus territorios. Esta representa un total de 10 544 242.9 ha. Así, tomando en cuenta ese ejemplo y sumado a los lotes de exploración y explotación (1 637 292.635 ha) existentes, se va promocionar, explorar y explotar un poco más del 35 % del territorio de la región Loreto (33 885 195 ha), afectando diferentes pueblos indígenas (incluso áreas naturales protegidas) que ven instalarse, y digámoslo abiertamente también en el lenguaje del mismo Estado, la libre competencia de la contaminación petrolera sobre sus condiciones de existencia. A ello se debe sumar que estas y otras normas relajan los procesos para la aprobación de contratos e instrumentos de gestión ambiental y generarán posiblemente una ola más grande de corrupción.
Acá el selfie, en morado, de la promoción fresca y perversa sobre territorio Amazónico y marinos
De ese modo, con el antiguo argumento del capitalismo “como-sea” y en la cara de las comunidades nativas, no es extraño que esta Ley no sea consultada, tampoco incluya participación de la población en los diferentes procesos establecidos en la norma y reduzca todos los avances ambientales, sociales y culturales, logrados en los últimos años.
Segunda Carta: injusticia ambiental para los pueblos
La carta está todavía en posesión del ministro, puesto que es esta posesión y no su empleo, lo que confiere a la carta su poder. Con el uso ese poder desaparece.
Edgar Allan Poe, La Carta Robada
Las normas por aprobarse tienen un contexto de injusticia ambiental evidente. Más de 1200 sitios impactados en el Lote 192, que costarán miles de millones de dólares en su remediación que aún no se rehabilitan (6); más de 100 derrames desde 1981, con un total de 345 220.81 barriles derramados, recuperándose apenas 20 250 barriles, es decir el 5% (7); más de 40 derrames de la nueva operadora del Lote 192 en apenas dos años (8); derrames en Camisea (9), impactos a la salud por actividades de hidrocarburos comprobados en el pueblo Achuar (10) y Kukama (11), todos denunciados e identificados por los pueblos, ello con el fin de proteger sus vidas y el medio ambiente.
Más datos. Debido a las deficiencias estructurales para proteger la vida, la economía, la propiedad y la salud de los pueblos afectados por las actividades extractivas, en la actualidad existen 124 conflictos socioambientales por causa de las actividades extractivas (12). De estos, 17 son por hidrocarburos. Este número que parece mínimo si lo extrapolamos a los 44 lotes privados y 1 operación nacional de transporte, representa un poco más del 37% frente a la actividad extractiva.
Toda esta información, que es de conocimiento del Estado parece invisible cuando se trata de pensar costos y beneficios para justificar leyes y decretos, más aún en la norma de pasivos ambientales. Tal vez, con estos factores, la matemática del capitalismo no funciona, pues la contaminación y los conflictos no suman ganancia y tampoco muestran los grandes beneficios para la población.
Pero eso no es todo. Parece que hay un desprecio combinado con miedo por la presión ejercida desde los pueblos cuando ellos denuncian los desastres ambientales, pero también cuando impulsan, desde las falencias institucionales, una mejora de la actuación del Estado para vigilar las actividades extractivas.
La ausencia de los pueblos en estas normas parece decir que para el Estado, ellos son sujetos incómodos y ruidosos que generan incertidumbres económicas no deseadas (a pesar que acepta el folklore de su cultura). ¿Por qué? Nos respondemos también de manera abierta: porque muestran la cara perversa de este capitalismo salvaje y trasnochado celebrado en los proyectos normativos, el cual no respeta cosmovisiones, territorios y la vida misma de pueblos quienes serán, en el Perú, los que carguen el peso (las llamadas externalidades) de la promoción de hidrocarburos e incluso de las normas que se supone deben protegerlos de los pasivos ambientales.
No encontramos otra razón técnica, económica y ambiental para que toda la evidencia existente sobre los aportes de la población para evidenciar la contaminación petrolera y la información misma derivada de cientos de denuncias con el fin de proteger bienes jurídicos, no sea una razón de peso para reconocer a los pueblos –mediante el consenso social de las leyes– el control y cuidado de sus territorios, así como la mejora de procesos reales de participación, consulta y vigilancia ambiental.
Parece que el Estado cree que la posesión de la Ley genera un poder total sobre los pueblos y sus territorios y, si estos participan en el diseño e implementación de las normas, este poder (para el Estado y su banda extractiva) se desvanecería.
Leyes robadas
A pesar de você, a manhã há de ser outro dia . Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia
Chico Buarque
No demos rodeos. El Estado, hoy, ha comenzado a hacer transparente el robo de leyes al contrato social de convivencia entre empresa, comunidad y Estado, el cual debería existir a partir de la experiencia de impactos petroleros de los pueblos indígenas, campesinos y pescadores y el diálogo real en torno a ello.
En el cuento de E. A. Poe el ladrón de la carta no sabía que Dupin ya le había robado la carta, dejando otra en su lugar la cual finalmente fue entregada al policía despistado que daba rodeos sobre las causas y lugares del expolio. Una metáfora precisa sobre cómo los pueblos, a lo largo de la historia, y ante la constante expropiación y robo de sus medios de vida, han respondido resistiendo con alegría, penas y luchas para arrebatar leyes y gobernabilidad las cuales puedan reflejar la realidad de su despojo y la protección de su existencia.
Notas:
(1) Proyecto de Ley N° 2145/2017-PE Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos y Resolución Ministerial N° 025-2018-EM/DM
(3) Constitución Política del Perú. Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura
(4) Art.2 y Art 6.f del Proyecto Ley.
(5) Áreas con potencial hidrocarburífero en las cuencas del Perú: https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/consulta%20previa/%C3%A1reas%20propuestas/!ut/p/
(6) Ver: http://observatoriopetrolero.org/para-que-no-se-repita-la-remediacion-urgente-en-el-lote-192/
(7) Cálculo hecho por Frederica Barclay, en base al Listado de eventos ocurridos en la Tubería del Oleoducto Norperuano. Pedido de Información SONP-167-2018. 6 de marzo del 2018.
(10) Chirif A. (2010). Los Achuares del Corrientes: el Estado ante su propio paradigma. En Rev. ANTHROPOLOGICA/AÑO XXVIII, N° 28, 2010, Suplemento 1, pp. 289-309.
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*Mario Zúñiga Lossio es antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comunicador social, poeta y escritor. Es investigador en temas de etnicidad, arte, historia, gastronomía y filosofía.
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