Miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a punto de ser removidos arbitrariamente por el Congreso.
Inminente remoción de miembros de la JNJ en el Congreso es rechazada a nivel nacional e internacional por diversas organizaciones.
Servindi, 19 de octubre, 2023.- Un contundente rechazo a nivel nacional e internacional recibe el inminente golpe a la democracia que el Congreso se alista a perpetrar al remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Remoción de los integrantes del organismo encargado de nombrar jueces y fiscales y autoridades electorales podría darse en las próximas horas pese a que no existen argumentos legales para hacerlo.
Decisión final depende del Pleno del Congreso que deberá evaluar el informe de la Comisión de Justicia que recomienda destituir a los magistrados de la JNJ por cometer supuestas “faltas graves”.
Estas faltas serían por pronunciarse sobre el proceso de destitución de una exfiscal, por permitir la permanencia de una magistrada en la JNJ que sobrepasa el supuesto límite de 75 años, y por la no presentación de un informe anual ante el Pleno.
Lo llamativo es cada uno de estos casos no configuraba una “falta grave” en el informe que inicialmente presentó la comisión el 18 de octubre, pero que fue modificado sobre la noche para incorporar las faltas mencionadas.
El informe con los cambios fue aprobado por la Comisión de Justicia con 15 votos a favor (provenientes de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y otros), 3 en contra y 2 abstenciones. Ahora deberá ser visto por el Pleno.
No obstante, existe otro informe en minoría donde se plantea archivar la investigación sumaria contra la JNJ, por incumplimiento del debido proceso y por no ajustarse a la verdad de los hechos.
La embestida del Congreso contra la JNJ es rechazada en Perú por organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Proética y otros.
Asimismo, a nivel internacional recibe el rechazo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Así como de la Relatora ONU para la independencia de jueces y fiscales, Margaret Satterthwaite, quien expresó su preocupación por este proceso contra la JNJ, un organismo clave para garantizar independencia judicial.
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