Servindi, 19 de junio, 2024.- Diez de trece exmilitares fueron sentenciados la tarde del miércoles 19 de junio por la Sala Penal a cargo del Caso Manta y Vilca en un juicio por violaciones sexuales durante el conflicto armado interno en Huancavelica.
El tribunal marcó un hito judicial a favor de los derechos humanos al fallar a favor de las 9 denunciantes, mujeres campesinas quechuahablantes, que sufrieron violaciones sexuales cuando aún eran adolescentes.
Se trata de la primera sentencia en Sudamérica en la que se juzgó un caso grupal de víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno.
La Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria sentenció a 10 de los 13 militares procesados por abusos sexuales en contra de nueve mujeres de los distritos de Manta y Vilca.
Los militares Rufino Rivera, Vicente Yance, Epifanio Quiñonez, Amador Gutierrez, Lorenzo Inga, Raúl Pinto, Arturo Cimarra cumplirán 10 años de prisión; Martín Sierra (8), Pedro Pérez (6) y Sabino Valentin (12).
Durante el juicio oral los procesados sostuvieron que esta vulneración de derechos había sido consentida, aseveración que fue rechazada y negada por las denunciantes.
La Corte Penal Nacional consideró el caso Manta y Vilca como crímenes de lesa humanidad cometidos durante 1980 y 2000, periodo en el que más de 5300 mujeres fueron víctimas de violación sexual, según el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) consideró este caso como delito de lesa humanidad luego de concluir que fue utilizada como una práctica sistemática y estratégica antisubversiva de las Fuerzas Armadas.
Esta investigación data desde 2003, espacio en el que se alertó de negligencias, dilaciones y otras presuntas irregularidades que retrasaron la lectura de sentencia a más de 20 años.
Salud con Lupa detalló que el proceso comenzó en 2002 cuando la CVR recorrió Manta para recoger testimonios de la época de violencia y Magda Surichaqui habló abiertamente de lo que había sucedido.
Cynthia Silva, abogada feminista y directora de Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, afirmo que “la sentencia es un hito histórico en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de conflicto armado”.
Destacó que la sentencia amplía los alcances de la garantía del derecho a la verdad de hechos que vivimos en esa época donde los militares usaban la violencia sexual como forma de ataque a población civil, a la que atribuían afiliación a grupos subversivos.
Si bien este es el segundo caso de violencia sexual que se juzga como lesa humanidad en Perú, se distingue del primero porque en este caso las víctimas son un grupo de mujeres campesinas quechuahablantes, indicó.
Cabe resaltar que, en tiempos de conflicto armado interno, la violencia sexual fue una estrategia de guerra que sometió sus cuerpos de manera sistemática y generalizada.
Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el 83 por ciento de casos de violencia sexual fueron cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) calificó la decisión judicial como un hito en la lucha por la defensa de los derechos humanos que pretende ser debilitada con la prescripción mediante el proyecto de ley de José Cueto y Fernando Rospigliosi.
El largo camino de las mujeres de Manta
Han pasado 40 años desde que el Ejército decidió instalar una base militar en Manta que, en lugar de cuidar a la población, violentó sexualmente a mujeres aún en edades entre los 13 y 16 años.
Eran mujeres que junto a sus familias realizaban actividades del campo y vivían en situación de pobreza. A la violencia sexual se sumaron otras agresiones físicas y maternidades forzadas producto de la violencia sexual.
“Las mujeres han sobrevivido a las secuelas de las violaciones y maternidades forzadas por cuarenta años desde que ocurrieron los hechos que se prolongaron por lo menos por una década” dijo la representante de Demus, parte litigante en el juicio.
“Durante este tiempo las mujeres han participado activamente, brindando su testimonio y escuchando versiones exculpatorias basadas en argumentos que buscan desacreditarlas y diciendo que consintieron y que denuncian porque tienen ánimo de venganza, que mienten”.
“Estas nueve mujeres han soportado todo esto que ha sido permitido por el colegiado, pese a que su defensa clamaba trato digno. Ellas lo han soportado todo en nombre del debido proceso, todo para que la justicia llegue”, detalló la directora de Demus.
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