Congreso pretende reescribir la historia del terrorismo en las escuelas

En el libro Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria se abordan temas vinculados al terrorismo.  Foto: OjoPúblico / Milagros Berríos En el libro Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria se abordan temas vinculados al terrorismo. Foto: OjoPúblico / Milagros Berríos

Lo que se buscaría con esta norma es imponer una mirada unilateral de los hechos en la que se omitan las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado.

Servindi, 19 de mayo, 2023.- El ala conservadora del Congreso logró la publicación de la ley 31745 para introducir contenidos sobre el terrorismo en el Perú en todas las escuelas del país.

Lo que se buscaría con esta norma es imponer una mirada unilateral de los hechos en la que se omitan las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado.

Aunque la ley es declarativa, especialistas advierten que puede significar un riesgo, ya que el Minedu o algunas escuelas podrían acogerse a sus recomendaciones y replicarlas en normas internas.

Ley promulgada

La ley 31745, que declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en Perú, fue publicada por el Congreso el 18 de mayo.

La norma, que agrupa cuatro proyectos de ley de congresistas de Fuerza Popular, Avanza País y Acción Popular, había sido observada por el Ejecutivo en diciembre pasado.

Sin embargo, el Pleno la aprobó por insistencia con 69 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, con los votos en bloque del sector conservador del Congreso, liderado por Fuerza Popular y Renovación Popular.

En el papel, la norma busca el “fortalecimiento del sistema democrático y la identidad nacional”, así como el “reconocimiento histórico de la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980 y 2000”.

Además, dispone que el Ministerio de Educación (Minedu) establezca los procedimientos para la implementación de los referidos contenidos en todos los niveles del Currículo Nacional de Educación Básica en los colegios.

No obstante, especialistas consultados por el portal OjoPúblico advierten diversos cuestionamientos a esta ley, promulgada tras varios intentos similares presentados en los últimos seis años.

Cuestionamientos

Uno de ellos es el carácter reiterativo de la norma, dado que los contenidos vinculados al terrorismo ya forman parte de los libros de historia usados por los alumnos de quinto de secundaria de los colegios públicos.

Son diez páginas en las que se aborda el accionar de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, y se hace mención a las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.

También se mencionan otros hitos históricos, como la Operación Chavín de Huántar, así como las conclusiones del informe de la Comisiòn de la Verdad y la Reconciliación (CVR), las secuelas de la violencia y el programa de reparaciones.

Pero, si este contenido ya existe, ¿cuál es el afán de la norma? Los especialistas advierten que hay un riesgo de que se quiera imponer una mirada unilateral de los hechos, omitiendo la responsabilidad de los agentes del Estado.
 

Este libro lo utilizan los escolares de quinto de secundaria en el área de Ciencias Sociales. Foto: OjoPúblico / Milagros Berríos

Esta preocupación no es desmedida si se considera la visión distorsionada del periodo de violencia que se observa entre los argumentos presentados por los promotores de esta ley.

Decíamos que la norma agrupó cuatro proyectos de ley. Estos fueron presentados por los parlamentarios Silvia Monteza (Acción Popular), Jeny López y Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País).

Pues bien, López y Chirinos, destacan en su exposición de motivos el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero no hacen mención a las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas del orden.

“Debemos desterrar el terrorismo por completo. Nuestros jóvenes deben saber quiénes son los verdaderos héroes que lucharon por la pacificación nacional. Es hora de honrar a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional #TerrorismoNuncaMás”, escribió la legisladora en noviembre pasado.

Contexto clave

En Perú, no es mucha sorpresa que los sectores conservadores intenten omitir cierta parte de la historia que no va de acuerdo a la narrativa que ellos proliferan entre sus seguidores.

Ello explica porque este sector siempre se mostró reacio a aceptar las conclusiones arribadas por el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre la etapa del conflicto armado interno (1980-2000).

Dicho informe concluyó que este periodo de violencia dejó unos 69.000 muertos, siendo Sendero Luminoso la organización terrorista responsable de la mayor de parte de estos decesos.

Sin embargo, entre sus conclusiones también señala que los miembros de las fuerzas armadas estuvieron involucrados en prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos que constituyeron “crímenes de lesa humanidad”.
 

Informe de la CVR concluyó que agentes del Estado también cometieron violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo. 

La CVR constató que las violaciones más graves que cometieron fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Pero no es todo. Una muestra más de sus reparos en aceptar los informes sobre periodos de violencia cuando no van en su línea, es el rechazo que expresaron ante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las recientes protestas en Perú.

Si bien el informe concluyó que, en ciertos casos, hubo violencia por parte de algunos manifestantes, también denunció graves vulneraciones a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del orden.

Esto último hizo que los sectores conservadores rechazaran el documento al punto de resurgir sobre el debate público la necesidad de que el Perú se aparte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Riesgos en marcha

Dicho esto, no suena descabellado entonces reconocer el riesgo de que se quiera imponer una mirada unilateral del periodo de violencia terrorista con la reciente ley aprobada por el Congreso.

Los especialistas consultados por OjoPúblico señalan que si bien, la norma es declarativa, podría significar un riesgo pues sus recomendaciones podrían ser acogida por el Minedu o algunas escuelas.

El Minedu, aunque no es usual, podría cambiar normas menores y emitir disposiciones específicas para la enseñanza de la historia reciente en secundaria, o brindar nuevas indicaciones para elaboración de textos escolares.

Habría que considerar que el hasta hace poco titular del Minedu, Óscar Becerra, se había mostrado de acuerdo con la revisión de los contenidos sobre historia en los textos escolares.

Quien la reemplazó en el cargo tras su cambio ante reiterados comentarios fuera de lugar fue su viceministra Magnet Márquez, quien ahora jugará un rol importante frente a este escenario.

 

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