La lideresa kichwa Marisol García detalla los impactos en pueblos indígenas por la falta de transparencia en gestión de bonos de carbono que denunciaron recientemente ante la CIDH.
Servindi, 19 de marzo, 2024.- Líderes kichwa de Perú denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos de la expansión de mercados de créditos de carbono en los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.
Resaltaron responsabilidades de vendedores, compradores y organismos de certificación en esta situación e instaron a los Estados a trazar una línea de acción para salvaguardar derechos indígenas.
La denuncia fue hecha durante la audiencia “Expansión de mercados de carbono y violación de derechos de pueblos indígenas y comunidades locales en Colombia, Guyana, Perú y Brasil”, en el marco del 189° Periodo de Sesiones.
Esta audiencia tuvo lugar el 28 de febrero con el fin de contribuir a una reflexión en la que los compromisos de mitigación al cambio climático se alineen a los derechos internacionales de pueblos indígenas y comunidades locales.
Durante el espacio, los dirigentes kichwa acompañaron su denuncia con un informe que trata sobre los impactos de la expansión de mercados de créditos de carbono en los pueblos y comunidades.
Reclamos del pueblo kichwa
La delegación fue integrada por líderes indígenas del pueblo Kichwa como Marisol García Apagüeño (FEPIKECHA), Isidro Sangama Sangama (CEPKA) y el líder juvenil Carlos Deivis Lozano (FEPIKBHSAM).
Los tres integrantes viajaron de Perú a Washington D.C, con la abogada de derechos humanos Cristina Gavancho, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
A continuación, en diálogo con Marisol García, los reclamos del pueblo kichwa:
Territorio ancestral
"El Estado y el Gobierno Regional de San Martín crearon el Parque Nacional Cordillera Azul y el Área de Conservación Regional Cerro Escalera, ambos sin consulta previa, libre e informada”.
“En ese sentido, rechazamos el término de áreas libres: son territorios indígenas, y el desconocimiento de ese derecho permite que entren estos bonos en empresas como Shell Energy”.
“Reclamamos que toda decisión que se haga dentro del territorio (indígena), tenga un enfoque intercultural y el Sernanp respete convenios internacionales como el 169 de la OIT”.
El Convenio 169 de la OIT enfatiza los derechos de los pueblos indígenas a proteger su cultura y participar en decisiones que les afectan, siendo estos sus principios clave.
Obstaculización en titulación de comunidades:
“En el parque, por ejemplo, que lo administra el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA) , obstaculizan el proceso de titulación de nuestras comunidades. No hay una administración transparente”.
Ventas millonarias de bonos de carbono y falta de reconocimiento al aporte de los pueblos indígenas en la conservación:
“En 2021, nos enteramos que el Sernanp tiene ventas millonarias de bonos de carbono. De ello, las manos indígenas que siempre hemos cuidado el bosque haciendo el patrullaje y reforestando, no percibimos ese ingreso económico".
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) gestiona los contratos de administración de proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal).
Conclusiones generales del informe presentado
Resaltaron responsabilidades de vendedores, compradores y organismos de certificación en respetar derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en el mercado de créditos de carbono.
Exigieron también acceso a recursos judiciales para comunidades afectadas por estos proyectos, el respeto a su libre determinación y garantías de participación.
En ese sentido, recordaron que la CIDH debe instar a los Estados a regular estos casos y garantizar el acceso a información.
Asimismo, recalcaron que existe un círculo de violencia alrededor del mercado no regulado de los créditos de carbono
Asimismo, solicitaron a la CIDH instar a los Estados a trazar una línea de acción para garantizar el derecho a la libre determinación y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en el mercado de los créditos de carbono, con el fin de prevenir violaciones a los DD. HH.
Es crucial abordar estas violaciones y asegurar que los DD. HH. de pueblos indígenas y comunidades locales se respeten en todas las iniciativas relacionadas a reducir la crisis climática.
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