Fernando Cáceres Freyre.
Fernando Cáceres, quien publicó una reciente columna en El Comercio a favor de ley anti ONG, presidió un think tank que recibió fondos de la red ultraliberal Atlas Network. Es el segundo caso que vincula a esta red con promotores de esta cuestionada ley.
Servindi, 18 de junio, 2024.- Un nuevo caso estrecha el vínculo entre los promotores de la ley anti ONG y la red internacional ultraliberal Atlas Network.
Esta vez se trata de Fernando Cáceres Freyre, quien recientemente publicó una columna en El Comercio a favor de esta ley, sin mencionar que fue director de Contribuyentes por Respeto, un think tank que recibió fondos de la red Atlas.
Antes Servindi ya reveló que Atlas Network también mantuvo un vínculo entre 2016 y 2021 con otro think tank peruano llamado Contribuyentes, que por estos días produce y difunde videos a favor de la ley anti ONG.
En el caso de Cáceres, que firma su columna como Director de Síntesis Consultoría, su vínculo con la red Atlas se da al asumir como director de Contribuyentes por Respeto (CpR), entre 2018 y 2020, cuando este grupo fue financiado por Atlas Network.
Extraído del LinkedIn de Fernando Cáceres, columnista de El Comercio.
Así quedó establecido en una nota que Atlas Network publicó en marzo de 2018 señalando que “Contribuyentes por Respeto es beneficiario de la subvención Liberating Enterprise to Advance Prosperity de Atlas Network”.
Mediante esta subvención, la red Atlas ofrecía apoyo “a think tanks fuera de América del Norte con planes ambiciosos y alcanzables para mejorar las políticas públicas y el entorno regulatorio en sus países, particularmente en relación con los límites a las empresas y el espíritu empresarial medido en el índice Doing Business”.
En otras palabras, un apoyo de una red internacional pro-empresas para hacer lobby al Estado peruano e incidir en las reformas fiscales a favor de empresas. CpR recibió la subvención para su proyecto de calculadora de impuestos.
Página de Atlas Network confirma el apoyo que brindaron a Contribuyentes por Respeto.
Aun así, en su columna publicada el 17 de junio, Fernando Cáceres cuestiona a las ONG que realizan “activismo político” o que “buscan influir en políticas públicas” y considera que la regulación se debe centrar en ellas.
Además, se muestra en desacuerdo con las voces críticas que cuestionan a la ley anti ONG por “debilitar a la sociedad civil”, “contravenir el derecho a la libre asociación” y hasta “impedir las labores de las ONG”.
Columna de opinión de Fernando Cáceres publicada en El Comercio.
Rechazo a Ley anti ONG
En Perú, recientemente la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó la modificación de Ley 27692 (Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI) vinculada a la supervisión y fiscalización de las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de la cooperación internacional.
Esta iniciativa, conocida como “Ley anti ONG” es fuertemente rechazada por la sociedad civil y motivó el pronunciamiento conjunto de las embajadas y delegaciones de 16 países, junto con la Unión Europa.
“Como socios de cooperación del Perú, nos preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”.
“Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”, expresaron.
El pronunciamiento lleva la firma de las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
Aunque la excusa en el Congreso para impulsar la iniciativa es mejorar la ejecución de los recursos de la cooperación internacional, el único objetivo al mediano plazo sería desaparecer instituciones y organizaciones que les son incómodas.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esta propuesta del Legislativo busca limitar el derecho de asociación y de participación ciudadana a través de las ONG, impone multas desproporcionadas y permite disolverlas sin causa justa ni debido proceso.
Además, facilita la intervención directa de los congresistas en competencias exclusivas del Ejecutivo a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
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