Foto de archivo de asamblea de Segunda y Cajas. Fuente: Blog Directo y sin Rodeos
Servindi, 18 de enero, 2024.- La Fiscalía de Huancabamba decidió archivar una investigación penal contra 15 personas defensoras de derechos humanos que se oponen al proyecto minero Río Blanco en defensa de la tierra y el ambiente.
Sin embargo, de manera contradictoria y sin contar con elementos de convicción, decidió continuar con la investigación preparatoria contra 11 personas defensoras por el supuesto delito de lesiones graves.
Las disposiciones de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huancabamba (Carpeta Fiscal 1892020) notificó la Disposición Fiscal 07-2023 que contiene ambas decisiones contradictorias.
La investigación era por los supuestos delitos de tortura, lesiones graves, coacción, secuestro, asociación ilícita para delinquir y robo agravado contra 15 personas, incluido el párroco de la Parroquia de Huancabamba y el Alcalde de Carmen de la Frontera.
También estaban incursos en la investigación miembros de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, ubicada en la provincia de Huancabamba, en la región Piura.
Pero la investigación proseguirá contra 11 miembros de la Comunidad Campesina antes citada.
Antecedentes
El 6 de enero de 2020 la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra 26 personas defensoras de derechos humanos, entre estos dirigentes de las Rondas Campesinas de la provincia de Huancabamba y de la Comunidad Segunda y Cajas.
La investigación preliminar incluyó al presidente de las Rondas Campesinas de la Provincia de Huancabamba, Octavio Cunaique Labán; al exalcalde Provincial de Huancabamba, Ismael Huayama Neyra y al Párroco de la Iglesia de la ciudad de Huancabamba, Fray Jorge Rumi Cóndor, entre otros.
Los ronderos señalaron que no cometieron delito de secuestro, y que, en realidad, se trató de una denuncia fraudulenta del supuesto agraviado Manuel Francisco Julca Campos.
La empresa Río Blanco Cooper S.A. reconoció que Francisco Julca era agente de seguridad de la empresa en un pronunciamiento que circuló el 30 de diciembre de 2019.
Cabe precisar que según las comunidades implicadas el supuesto agraviado venía generando acciones de división al interior de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, buscando interferir en las decisiones comunales.
Francisco Julca llegaba al extremo de ofrecer dinero a miembros de la comunidad para que se expresen a favor de la actividad minera y desprestigien a los dirigentes que están en contra de la presencia de la empresa minera.
Debido a tal intromisión los dirigentes de la Comunidad de Segunda y Cajas, así como de las Rondas Campesinas de Huancabamba, lo sometieron a la justicia comunal, al amparo del artículo 149 de la Constitución Política del Perú.
Remarcan, que de ningún modo supuso la vulneración de sus derechos humanos pues los denunciados solo retuvieron a la persona para ventilar el caso y aplicar la justicia comunal. Nunca hubo intención de secuestro, coacción o robo agravado.
Culminada la investigación preliminar, la fiscalía admite que no existen elementos de convicción para considerar que hubo comisión de los ilícitos denunciados por parte de las personas investigadas.
Además, cabe precisar que los investigados no tenían la condición de funcionarios a cargo del resguardo de la supuesta víctima, es decir, no podían haber cometido delito de tortura.
Sin embargo, el razonamiento exculpatorio no fue aplicado a 11 de las personas defensoras de derechos humanos investigadas contra los que si se ha formalizado y continúa la investigación preparatoria.
La asociación Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) expresó su satisfacción por el cese de la investigación contra 15 investigados, pero rechaza la decisión de formalizar la investigación contra otras 15 personas.
Tanto unos como otros se encuentran en los mismo supuestos de hecho, recalca FEDEPAZ por lo que califica la decisión de contradictoria.
El largo proceso de más de cuatro años evidencia que las defensoras y defensores fueron denunciados falsamente por la comisión de delitos graves FEDEPAZ.
La organización no gubernamental también condena la estrategia estatal y empresarial de criminalizar a las personas que defienden derechos fundamentales de las comunidades para amedrentar a los opositores y evitar que sigan protestando.
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