Servindi, 17 de octubre, 2019. Para diversos defensores de derechos humanos, la detención del gobernador de Puno y exvocero aymara, Walter Aduviri, trae consigo un mensaje de amedrentamiento dirigido hacia las comunidades campesinas que años atrás se levantaron contra las concesiones mineras que contaminaban sus tierras.
«Es evidente que este proceso penal contra Walter Aduviri constituye un acto público de escarmiento simbólico contra todas las comunidades campesinas que en el año 2011 protagonizaron la protesta social del Aymarazo», se lee en el informe suscrito por Juan Ruiz (Instituto de Defensa Legal), José Chata (Derechos Humanos y Medio Ambiente) y Pablo Abdo, abogado defensor de derechos humanos.
Los firmantes señalan que los actos vandálicos ocurridos en el Aymarazo no fueron causados por las comunidades; sino que fue responsabilidad de terceros que se camuflaron con la intención de cumplir fines principalmente delictivos.
Líneas más abajo indican que es importante que el Estado y las instituciones que forman el sistema de justicia, analicen el origen de una protesta social en la medida de que esta suele constituir las expresiones de sectores que son marginados y no obtienen respuestas a sus demandas por parte del Estado.
Agregan también que es necesario diferenciar los actos de violencia y vandalismo de lo que significa el derecho a la protesta social, reconocida por el Poder Judicial en casos como el de la comunidad Atuncolla. En esa oportunidad, la Sala Civil de Puno identificó que las concesiones mineras se otorgaban a espaldas de las comunidades campesinas.
Además, sobre la movilización en Puno asumen que el «Gobierno reconoció la legitimidad de la protesta cuando suspendió por dos años la entrega de concesiones mineras luego del Aymarazo».
Sobre las pruebas remitidas en la sentencia contra Walter Aduviri, los defensores advierten que la Fiscalía ha tenido que recurrir en gran medida a la recolección de información periodística a fin de fundamentar su acusación.
«Resulta cuestionable la labor probatoria de la fiscalía, pero más, que el tribunal haya valorado y tomado una decisión condenatoria a partir del trabajo de periódicos y vídeos de programas televisivos de noticias», aseguran.
Tras recordar que el Aymarazo tuvo lugar a partir de un informe publicado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) donde se señaló que las concesiones mineras que se habían extendido por el 60% del territorio de Puno, no cumplieron con el derecho a la consulta previa, los defensores consideraron que la sanción contra Aduviri es también una forma de amedrentar a las comunidades que salieron a defender sus territorios.
«[…] En tal sentido, el mensaje que este proceso penal envía a las comunidades campesinas, y sobre todo a los líderes campesinos es que la suerte de Walter Aduviri les tocara a ellos si se organizan para defender su territorio».
Puedes leer el informe completo en el siguiente link:
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