Juicio contra responsables de Cacao del Perú Norte por deforestación

Zona deforestada en Tamshiyacu / Foto: EIA Zona deforestada en Tamshiyacu / Foto: EIA

Servindi, 16 de mayo, 2019.- La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto, solicitó 10 años de cárcel para los responsables de la empresa Cacao del Perú Norte S. A. C. por deforestación.

De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados enfrentarán cargos por el atropello a los bosques primarios de la Amazonía y por haber continuado con la deforestación pese a la prohibición establecida.

Además, la empresa Tamshi fue incluida como tercero civil responsable por la deforestación de la zona. En este caso, la procuraduría del Ministerio del Ambiente, solicitó 15 millones de soles como reparación civil.

Según la información del portal ProyContra, se trata de los expedientes “Cacao I” y “Cacao II”. El primer caso se encuentra en etapa de juicio oral y fue programada para el 23 de mayo.

Además, en dicha carpeta fiscal están involucrados River Antonio Espinoza, gerente de Cacao del Perú Norte, Ernersto Vega como gerente de operaciones y Cuba Ramírez como jefe de operaciones.

Ellos enfrentan acusaciones por los presuntos delitos contra los recursos naturales, obstrucción de procedimiento, delitos contra los recursos naturales y tráfico ilegal de productos forestales.

Por el caso “Cacao II”, de acuerdo con las declaraciones del fiscal provincial Yusen Caraza Atoche que ProyContra recogió, se estaría incluyendo a Dennis Melka, dueño de la empresa investigada.

“La formalización de la investigación se encuentra en manos del Juzgado del Medio Ambiente donde se incluye a Dennis Melka y a las personas Marian Elena Montoya, Walter Alejandro, Ernesto Vega Delgado”, señaló.

Los delitos que se les atribuyen son contra los bosques o formaciones boscosas, delito utilización indebida de tierras agrícolas y alteración del ambiente o paisaje.

Deforestación en Tamshiyacu

En el 2012, la empresa Cacao del Perú Norte llegó a la localidad de Tamshiyacu, en el distrito loretano de Fernando Lores, en la provincia de Maynas.

De acuerdo con el reporte del investigador Juan Luis Dammert, hasta agosto del 2017, la empresa de propiedad de Dennis Melka había adquirido cerca de 3 mil 985 hectáreas y ha deforestado alrededor de 2 mil 380 hectáreas.

Tierra herida

A través de su plataforma web, el portal de investigaciones Convoca –en alianza con Proética–publicó un especial denominado Tierra herida.

En ella, contaba cómo desde Ucayali se otorgaron certificados para el acceso a tierras a personas que, en algunos casos, ni siquiera sabían del hecho. Finalmente, los terrenos terminaron en manos de Plantaciones Ucayali S. A. C (hoy Ocho Sur P S. A. C.).

Dicha empresa, propiedad del empresario checo-estadounidense Dennis Nicholas Melka, de acuerdo con la investigación periodística, obtuvo tierras a través de contratos en serie.

En otros casos, las personas vendían sus parcelas a la empresa de Melka tras haber obtenido constancias de posesión en la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali.

Además, a través de la ley de bienes nacionales le compró al Estado cerca de 4 mil 759 hectáreas que fueron destinadas para el cultivo de palma aceitera.

A su vez, mediante su empresa Cacao del Norte Perú, logró comprar a bajo precio cinco mil hectáreas a una asociación de agricultores. Por ejemplo, en Loreto se compró a un promedio de 100 soles por hectárea.

Denuncia en Foro Permanente

En el último Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, realizado en la ciudad de Nueva York, del 22 de abril al 3 mayo, se denunció a Ocho Sur P por haberse hecho de la propiedad de cerca de 7 mil hectáreas de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya.

“Tales tierras, a pesar de tener la calificación de bosque primario, fueron salvajemente desboscadas para el sembrío de palma aceitera”, denunció Robert Guimaraes Vásquez, expresidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau).

Durante su intervención, el líder indígena también manifestó que, en áreas aledañas a la comunidad, personas vinculadas a la empresa palmicultora vienen expropiando terrenos ancestrales.

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