Fuerzas estatales se ensañaron con indígenas y campesinos en protestas

Foto: Servindi/Renzo Anselmo Foto: Servindi/Renzo Anselmo

Amnistía Internacional presentó los resultados iniciales de su investigación sobre las protestas en Perú que dan cuenta de un ensañamiento de fuerzas estatales contra esta población.

Servindi, 16 de febrero, 2023.- Las fuerzas estatales de Perú dispararon de forma ilegítima armas letales y usaron otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población desde que estallaron las protestas, en diciembre de 2022.

Los ataques se han dirigido especialmente contra personas indígenas y campesinas, lo que evidenciaría un sesgo racista, reveló Amnistía Internacional al presentar los resultados iniciales de su investigación en el país.

“Las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades”, afirman.

La investigación de Amnistía, realizada entre el 29 de enero y el 11 de febrero, da cuenta de 46 casos de posibles violaciones a derechos humanos y 12 muertes documentadas por uso de armas de fuego.

Para ello entrevistaron a múltiples funcionarios del Estado, así como a comerciantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, abogados, familiares y testigos presenciales, además de revisar videos y fotos.

De otro lado, analizando datos de la Defensoría del Pueblo, hallaron que la represión estatal se encuentra concentrada de manera desproporcionada en regiones con población mayoritariamente indígena.

“Mientras que los departamentos con población mayoritariamente indígena sólo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis”, afirman.
 

© REUTERS/Sebastian Castaneda

En cuanto a las investigaciones, Aministía Internacional advierte que, a dos meses de los hechos, la Fiscalía todavía no ha desarrollado diligencias claves, como peritajes o recolección de testimonios.

“En algunos casos no se habría preservado la cadena de custodia de cierta evidencia, lo que socavaría la posibilidad de que las investigaciones resulten auténticamente imparciales y exhaustivas”, añaden.

Además, alertan que las autoridades del más alto nivel, han mantenido un discurso de estigmatización contra los manifestantes, lo que terminaría socavando su acceso a la justicia.

Frente a ello, la organización recomienda un urgente cambio de tácticas en la gestión de manifestaciones, poniendo fin al uso de fuerza letal para dispersar las protestas y evitar uso de armas potencialmente letales como perdigones.

También piden a la Fiscalía avanzar urgentemente con la investigación de posibles responsables de violaciones de derechos humanos y garantizar condiciones de seguridad para víctimas y testigos.

Mientras que, a las autoridades, incluida la presidenta Dina Boluarte, le recomiendan tomar medidas urgentes “para poner fin a la estigmatización contra las personas que se manifiestan”.

La comunidad internacional, por su parte, debe adoptar las medidas oportunas para garantizar el cese de la represión y la rendición de cuentas por parte de las autoridades peruanas.

Puede leer los resultados iniciales completos de la investigación de Amnistía Internacional en el siguiente enlace:

 

 

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