“El Gobierno ha subestimado los conflictos sociales por minería”

El 19º Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú analiza los primeros meses del Gobierno de PPK en materia minera y social

Servindi, 16 de diciembre, 2016.- La actuación del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski arroja serias dudas sobre su estrategia en materia de conflictividad social sostiene el 19º Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.

El documento se presentó el miércoles 14 de diciembre por las organizaciones no gubernamentales CooperAcción, Fedepaz y Grufides y analiza con detenimiento el conflicto de Las Bambas, que cobró la vida de una persona y fue la primera prueba de fuego para el Gobierno.

“Ha llegado el momento de discutir en serio y a fondo sobre qué tipo de institucionalidad y políticas públicas necesitamos para hacer frente a los conflictos sociales. No se puede seguir con la misma institucionalidad precaria”, afirmó José De Echave, director del Observatorio de Conflictos Mineros.

“El Gobierno de Kuczynski ha subestimado los conflictos sociales por minería”, sostiene. Hasta ahora la estrategia social carece de prevención y la respuesta es de una elevada letalidad" prosiguió De Echave.

"Se hace necesario un sistema nacional de conflictos sociales con carácter preventivo, con capacidad de articulación multisectorial, con presencia en las regiones y un claro enfoque de derechos humanos”, remarcó.

No obstante, el director del OCM resaltó como aspectos positivos del manejo gubernamental del conflicto Las Bambas el cumplimiento escrupuloso de los plazos y la presentación de una propuesta de desarrollo social, que prioriza 158 proyectos con un presupuesto de 2055 millones de soles.

Sin embargo consideró que dicho plan contiene importantes ausencias como las demandas medioambientales y de derechos humanos.

Ese plan ejemplifica la propuesta del Gobierno del “adelanto social”, que consiste en dotar de una inyección económica a las zonas mineras.

El problema de este enfoque es que olvida y niega el carácter multidimensional de los conflictos sociales en Perú donde se ponen en juego diversas variables: expectativas, preocupaciones ambientales, demandas sociales, económicas,  y derechos culturales.

Escenario de contracción de la inversión

El escenario minero estará marcado en los próximos años por una contracción de la inversión minera. De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2017-2019, el PBI de este sector crecería un 7.4% en el 2018, y apenas un 1.2% en 2019.

una tendencia que resulta de especial preocupación es que las mineras reciben más dinero del Estado del que pagan en impuestos.

Además, se consolida  el deterioro del aporte fiscal,  en 2016 se presenta una contracción del 30.4%. Sumado a ello, una tendencia que resulta de especial preocupación es que las mineras reciben más dinero del Estado del que pagan en impuestos.

El escenario productivo minero que enfrentará Kuczynski no es nuevo: el ‘boom del cobre’, que comenzó en 2015, continuará impulsando a este sector; un crecimiento que ha logrado que Perú se posicione como segundo productor mundial de este metal, gracias a proyecto como: Toromocho, Constancia, Cerro Verde y Las Bambas.

El informe  también alerta sobre el imparable avance de la minería ilegal, siendo  Madre de Dios y Puno dos de sus principales bastiones.

Nueva geografía de la conflictividad

Otra de las revelaciones del informe es la consolidación de la nueva geografía de la conflictividad social concentrada en la región macrosur donde se concentra la inversión minera.

Los departamentos de Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco  registran más del 43 por ciento de los conflictos.

Otra de las tendencias observadas es la reducción del área concesionada a la minería. Luego de alcanzar un pico en el año 2013- más de 26 millones 800 mil hectáreas concesionadas- en noviembre se registran 19’241,911 hectáreas.

Conflictos latentes

El informe OCM resalta dos temas de fondo que ensombrecen la inversión minera en Perú. Uno de ellos, son los opacos convenios firmados entre la policía y la minería que “permiten la mercenarización de las fuerzas de seguridad pública”, según afirmó David Velazco, de Fedepaz. 

El otro tema es la criminalización de la protesta. Solo en el caso de Las Bambas hay hasta 250 personas denunciadas penalmente.

Por su parte, la directora de Grufides, Mirtha Vásquez alertó de que Máxima Acuña y su familia han vuelto a ser atacados durante los dos últimos meses por la empresa minera Yanacocha.

“Si algo le ocurriera a Máxima, la responsabilidad no sólo sería de la empresa sino del Estado que no ha hecho nada para velar por su seguridad”, declaró.

El informe alerta de conflictos latentes repartidos en diversas regiones como Cajamarca y Piura, tras el retorno -después de seis años de retiro- del emblemático proyecto Río Blanco.

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas suscribió un convenio de promoción con el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development que invertiría alrededor de US$ 2,500 millones para obtener, durante 20 años, una producción de 200 mil toneladas de cobre fino y 3,000 toneladas de molibdeno fino por año.

Acceda a los siguientes documentos:

- Primeros meses del gobierno (presentacción ppt).

- Proyecto minero Río Blanco y los convenios de seguridad (presentación ppt).

- Resumen ejecutivo informe semestral (archivo PDF)