Imagen: DHSF
Por Ruth Luque*
17 de junio, 2017.- El 22 de setiembre del 2016, la Corte Superior de Justicia de Amazonas de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua, emitió la sentencia en el caso “Curva del Diablo”. En este caso se investigó a 53 personas (entre no indígenas e indígenas: 22 indígenas awajún y wampís, el líder shawi Alberto Pizango y 31 mestizos), por hechos vinculados al 5 de junio del 2009. Los jueces dispusieron la absolución de todos ellos.
Fueron siete largos años en los que ciudadanos de los pueblos wampís y awajún se sometieron a investigaciones del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional. Es evidente que la sentencia absolutoria les devolvió tranquilidad a estas personas y sus familias, generando importantes aportes jurídicos frente a otros casos.
El Baguazo, como todos los recordamos, no se inició el 5 de junio. Como sucede en casi todos los conflictos, antes hubo una sucesión de hechos, que a nadie -o mejor dicho a ninguna autoridad del Estado- le intereso resolver o enfrentarlos responsablemente. En el caso hubo lamentables pérdidas de vidas humanas: 23 policías y 10 indígenas. Hasta el momento, no existe justicia para ellos.
El 21 de mayo del 2012, en la provincia de Espinar (Cusco) -fecha en la que ahora se conmemora el día de la dignidad espinarense– luego de meses de diálogo y exigencias de solución a la contaminación en sus aguas, fallecieron 2 personas y 41 personas fueron sometidas a investigaciones por diversos delitos. A ello se suma que -por decisiones políticas- el Poder Judicial y el Ministerio Público decidieron que todo lo vinculado a este conflicto se investigue en la ciudad de Ica (a casi 1 día en bus desde Espinar). Han pasado 5 años y hasta la fecha, la justicia ágil y oportuna no ha llegado a los ahora tres líderes espinarenses: Oscar Mollohuanca, Herbert Huamán y Sergio Huamani, que por decisiones de los operadores de justicia, fueron los únicos que deben afrontar un largo y tedioso juzgamiento.
El delito que cometieron los wampís, awajún y los espinarenses fue defender su territorio y exigir derechos. Mientras se criminaliza así a las personas que utilizan su derecho a protestar, no sucede lo mismo con las muertes, pues aquí los casos se archivan provisionalmente y no existe ningún esfuerzo para investigar. Es decir, quedan impunes. La criminalización busca silenciarnos y anular cualquier posición contraria, recurriendo a la estrategia legal para cansar y desgastar.
Sobre los ocho años del "baguazo", puedes ver el siguiente vídeo:
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