Servindi, 16 de febrero, 2018.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por su sigla en inglés) exige a las autoridades de Guatemala investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del intento de asesinato sufrido por Sonia Montes, fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, y su conductor Néstor Valdez.
Ellos fueron víctimas de un ataque armado durante la mañana del jueves 15 de febrero, del cual salieron felizmente ilesos.
Sonia Montes lleva los casos de violaciones de derechos humanos cometidos presuntamente por agentes del Estado y los de criminalización contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Ella investiga casos como el de la Masacre de Dos Erres, en el que miembros de la fuerza especial Kaibil, asesinaron a 251 personas, tras someterlos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y tras violar varias mujeres, incluyendo niñas y adolescentes.
“Este lamentable hecho, lejos de amedrentar las actividades institucionales, sirve para reafirmar el compromiso de continuar con la persecución penal en contra de estructuras y redes criminales que operan en el país”, manifestó en un comunicado Thelma Aldana, fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público.
Mediante un comunicado el CEJIL manifiesta que estamos ante otro ejemplo más de la necesidad que impera —no sólo en el país sino en toda la región— de establecer medidas y políticas públicas efectivas que protejan a aquéllos y aquéllas que arriesgan diariamente sus vidas para defender los derechos humanos.
En esa línea, CEJIL recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado implementar políticas públicas de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos que fueran efectivas.
Se trata de la sentencia del 2014, para el caso Defensor de derechos humanos y otros vs. Guatemala, en la cual marca una serie de pautas a seguir al respecto.
El CEJIL tiene como misión contribuir al goce de los derechos humanos en el continente americano mediante un uso eficaz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y de otros mecanismos de protección internacional.
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