Foto: Reuters / Proyecto Kawsak Sacha
Servindi,14 de noviembre, 2019.- Por incumplir tres puntos de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el 2012, la comunidad indígena kichwa de Sarayaku presentó ante la Corte Constitucional de Ecuador una demanda contra el Estado.
La demanda acoge el incumplimiento del retiro en sus territorios de unos 1.500 kilogramos del explosivo pentolita, además de la ausencia de una consulta previa, libre e informada y la no adopción de medidas legislativas y administrativas que hagan efectivo el derecho a la consulta previa.
En diálogo con el medio Sptunik, el abogado de la comunidad, Mario Melo, informó que «pese a las reiteradas insistencias y requerimientos de Sarayaku, el Estado ecuatoriano no ha cumplido dichas medidas por eso hoy presentamos la demanda por incumplimiento».
Historia de una sentencia
Hacia el año 1996, la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (GNG) obtuvo del Estado ecuatoriano la licencia para explotar en la comunidad indígena Sarayaku el bloque petrolero 23 que integraba unas 165.000 hectáreas (60% de su territorio).
Durante siete años, hasta el 2003, la empresa ingresó sin autorización y contra la voluntad legítima de la población a realizar investigaciones sísmicas, llegando a colocar a lo largo de este periodo 1.400 kilos de explosivos que pusieron en riesgo la vida de los indígenas.
Ese año (2003) la comunidad indígena presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), causa que llegaría a la Corte el 26 de noviembre del 2010. Dos años después, el 27 de junio del 2012, la CoIDH resolvería dándole la razón a la comunidad indígena.
En una sentencia redactada en 101 páginas, la Corte ordenó que el Estado ecuatoriano pida disculpas públicas e indemnice a la comunidad indígena con 1,4 millones de dólares por los daños causados producto de la actividad petrolífera en sus territorios —que según resolvió— no fue previamente consultada. El Estado cumpliría ambas medidas en el 2014.
La nueva demanda
Sin embargo, la reciente demanda presentada ante la Corte Constitucional de Ecuador, reclama el incumplimiento de tres puntos importantes establecidos en la sentencia.
Pese al envío de numerosas cartas hacia el presidente Lenin Moreno y sus ministros de Justicia, de Hidrocarburo y Ambiente, estos no han dado respuesta sobre cuándo y cómo retirarán los 1.500 kilogramos de pentolita que hasta hoy se encuentran enterrados en al menos 400 puntos del territorio Sarayaku.
El segundo factor que motivó la nueva demanda es la falta de una consulta previa libre e informada. Según Mirian Cisneros, presidenta de la comunidad de Sarayaku, el Gobierno no cumplió con este procedimiento antes de concesionar un bloque petrolero a la estatal Petroamazonas, pese a que parte del proyecto atraviesa por sus territorios.
Por último, la comunidad indígena señala que el Estado no ha adoptado las medidas legislativas y administrativas para poner plenamente en marcha y hacer efectiva el derecho a la consulta previa.
En adelante, la Corte Constitucional deberá analizar la admisibilidad del pedido y luego informar al Estado sobre los plazos que tendrá a futuro para efectuar el cumplimiento de los puntos mencionados.
Puedes leer la nota completa en el siguiente enlace:
Lee aquí la sentencia de la CoIDH:
http://www.servindi.org/pdf/Sentencia-Sarayaku_27jun12_.pdf
Lee aquí el resumen de la sentencia (PDF):
http://www.servindi.org/pdf/Resumen-Sentencia-Sarayaku.pdf
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