Fiscal César Suárez Pilay, asesinado el 117 de enero de 2024, en Guayaquil, Ecuador.
Servindi, 14 de mayo, 2024.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la injerencia del crimen organizado en la función judicial y llamó a garantizar la independencia de los operadores de justicia en Ecuador.
La Comisión Interamericana indica que la Fiscalía General del Estado presentó investigaciones que muestran indicios de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a cambio de decisiones favorables.
Además, habrían influenciado en modificar la composiciones de tribunales; retardado procesales de forma injustificada y otorgado beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares.
Según información oficial, al menos 19 jueces de distintas regiones y niveles de la judicatura estarían involucrados, en dichas acciones, indica el comunicado de la Comisión Interamericana.
Los casos se habrían producido en el contexto de agravamiento de la situación de seguridad ciudadana en Ecuador, originada en el accionar violento del crimen organizado.
Al respecto, la Comisión condenó el asesinato del Fiscal César Suárez, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
César Suárez estaba a cargo de las investigaciones referidas a la irrupción de un grupo armado en un canal televisivo el 9 de enero de 2024.
Independencia e imparcialidad
La Comisión enfatiza que en la lucha contra la criminalidad organizada, la independencia e imparcialidad de la función judicial es indispensable.
La Comisión ha advertido sobre los impactos del crimen organizado en los sistemas de justicia de la región, que han permitido establecer estructuras paralelas de poder que pretenden cooptar los órganos judiciales, incluso en sus más altas Cortes.
En estos contextos, los Estados deben adoptar estrategias efectivas para prevenir presiones internas, externas y hostigamientos contra las personas operadoras de justicia.
Por ejemplo, se requiere establecer unidades especializadas que aseguren una capacidad de respuesta real frente a denuncias de corrupción que cuenten con fondos apropiados.
Asimismo, la remuneración, recursos humanos y técnicos adecuados, así como la capacitación permanente y seguridad de quienes investigan casos de corrupción son condiciones esenciales.
La CIDH recuerda que todo Estado debe asegurar el desarrollo libre de la función judicial y garantizar la seguridad de las personas operadoras de justicia.
Insta al Estado ecuatoriano a redoblar las medidas de protección a favor de personal judicial y fiscal, y a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, serias e imparciales a fin de enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales por la violencia contra personas operadoras de justicia.
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