Solo queda la protesta y la insurgencia

Servindi, 13 de junio, 2024.- Frente a la destrucción de la institucionalidad ambiental y democrática y el copamiento y adecuación de las instituciones para controlar el sistema de justicia y electoral solo queda ejercer el derecho a la protesta y a la insurgencia.

Así lo considera nada más y nada menos que la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, quién instó a la población a que ejerza su derecho a la protesta, como parte de una insurgencia.

En declaraciones recogidas por el diario La República Ledesma afirmó “La población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional (Art. 46 de la Constitución)”.

“Nadie debe obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes”, publicó a través de X.

Esta semana, el Congreso, debate y aprueba un paquete de proyectos que configuran claramente un golpe dictatorial y el avasallamiento de los resquicios de institucionalidad democrática en Perú.


Doctora Marianella Ledesma. Fuente de la imagen: Reina de la Selva.

Un Congreso de espaldas al país

El afán de copamiento desmedido del contubernio que dirige el Congreso de la República es sabotear la investigación a las organizaciones criminales y cubrir con un manto de impunidad a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Alberto Fujimori.

El 5 de junio, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó una reforma constitucional para eliminar la Junta Nacional de Justicia, el organismo encargado de nombrar y destituir a jueces, fiscales y autoridades electorales. 

En su lugar, espera poner al futuro Senado a cargo de la designación y remoción de las autoridades electorales, así como de la remoción de los jefes de las entidades disciplinarias del poder judicial y del Ministerio Público. 

Integrantes del Congreso del Perú estarían bajo investigación penal por lo que estratégicamente habrían propuesto iniciativas que debilitan la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Pero también busca controlar el sistema de justicia eliminando la Junta Nacional de Justicia para reemplazarla por una Escuela Nacional de la Magistratura.

Plan macabro

Ya desde 2023, el Congreso acortó el plazo para suspender la prescripción de las causas penales. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, invocó la nueva ley para solicitar su propio sobreseimiento en una causa penal. 

Posteriormente el Congreso también introdujo modificaciones sustanciales a la Ley de Colaboración Eficaz, debilitando lo que había sido una herramienta esencial en las investigaciones sobre crimen organizado. 

El 30 de mayo aprobó, en primera lectura, un proyecto de ley que restringiría la definición de “crimen organizado”, lo que dificultará la investigación de muchos delitos conexos, como la extorsión, que se ha disparado en los últimos años.

Además, el Congreso nombró a seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional; a un defensor del pueblo sin experiencia en derechos humanos; inhabilitó a una fiscal suprema; y removió a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Actualmente, la Fiscalía investiga un presunto esquema de tráfico de influencias entre miembros del Congreso y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, a quien la Junta Nacional de Justicia destituyó el 22 de mayo. 

Resistencia popular a la dictadura

Las medidas que viene tomando el actual régimen basado en una dictadura congresal –de la cual el gobierno de Dina Boluarte es solo un títere– tendrá serias repercusiones sociales y agravará la conflictividad social.

Es que no solo se avasalla la protección de los bosques en favor de grandes empresas, sino que se mella la identidad cultural restringiendo los beneficios para el cine nacional y regional y se pretende controlar políticamente a las organizaciones no gubernamentales.

A ello se suma la pretensión de imponer megaproyectos rechazados por la población como Conga, Tía María y otros que han provocado muertos y heridos en el pasado por carecer de aprobación social.

Por lo pronto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la más grande e importante organización territorial amazónica convoca a una jornada de movilización para el 21 de junio contra la destrucción de la democracia y en defensa de la Amazonía.

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Comentarios (1)
Ana Isla (no verificado) Vie, 14/06/2024 - 11:49

Bravo!!!. Me alegra ver que una organización ha tomado la decisión para una convocatoria de protesta.

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