La propuesta de ley del congresista José Cueto busca que prescriban los delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002.
Servindi, 13 de junio, 2024.- La propuesta de ley que favorece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno fue rechazada por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep).
“Este dictamen, lejos de fortalecer el marco legal para enfrentar estos delitos atroces, plantea una serie de modificaciones que, en su esencia, debilitan las posibilidades de encontrar una verdadera justicia” señaló Anfasep mediante un pronunciamiento.
Para esta organización el dictamen aprobado en primera votación es un retroceso en la lucha por los derechos humanos en el Perú y pone en tela de juicio la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas por lo que salieron a marchar en su rechazo.
Anfasep llamó a la ciudadanía a sumarse a la lucha en defensa de los derechos humanos y la sanción para las personas que cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra para que sean juzgadas en función a la gravedad de sus actos.
“¿Cuántos años más debemos esperar para que nuestras voces sean escuchadas? Mientras tanto, muchas de nuestras socias han fallecido sin conocer el paradero de sus seres queridos” señaló la organización fundada hace más de 40 años.
En entrevista para el medio extranjero France 24, José Cueto, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reconoció que su iniciativa plantea que militares y policías que combatieron durante el conflicto armado entre 1980 y 2000 no sean juzgados por delitos de lesa humanidad.
"Lo único que se está tratando de hacer es que nuestros policías y militares que lucharon contra el terrorismo en esa época sean tratados como cualquier ciudadano” dijo el congresista y autor del proyecto de ley.
La iniciativa impulsada por el fujimorismo con el respaldo de una bancada parlamentaria formada por excomandantes de las Fuerzas Armadas, integrada por Cueto, fue aprobada el jueves 6 de junio en una primera votación.
Este proyecto de ley debe ser refrendado en una segunda votación en un plazo de siete días antes de ser enviada al Ejecutivo para su eventual promulgación o devolución con observaciones.
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