Aprueban amnistía para delitos de lesa humanidad

Martha Moyano, fiel servidora del fujimorismo, apuró aprobación de dictamen de "Ley de Amnistía" en Comisión de Constitución que preside. Martha Moyano, fiel servidora del fujimorismo, apuró aprobación de dictamen de "Ley de Amnistía" en Comisión de Constitución que preside.

Fujimorismo dio el primer paso para forzar la prescripción de estos delitos y acabar con los procesos judiciales sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 90.

Servindi, 13 de marzo, 2024.- Una iniciativa que pretende amnistiar y dejar en absoluta impunidad a los implicados en delitos de lesa humanidad fue aprobada por la Comisión de Constitución del Congreso controlada por el fujimorismo.

El proyecto busca forzar la prescripción de estos delitos y acabar con los procesos judiciales resueltos y en trámite sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 90.

Alberto Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos, el congresista Alejandro Aguinaga y miembros del grupo Colina, entre otros afines al fujimorismo, serían directamente beneficiados con la norma.

El dictamen de esta “nueva ley de impunidad” fue aprobado el 12 marzo con 14 votos, la mayoría (5) de Fuerza Popular y el resto de sus satélites Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, entre otros.

Uno de los fujimoristas que votó a favor de este proyecto para eliminar los crímenes de lesa humanidad fue Alejandro Aguinaga, quien precisamente es procesado por un delito de esta naturaleza (esterilizaciones forzadas).


Fuente: La República

Fujimorismo interesado

El proyecto de ley en cuestión fue presentado el 1 de febrero por el fujimorista Fernando Rospigliosi y desde entonces es impulsado con una particular celeridad por este partido político y sus satélites.

La presidenta de la Comisión de Constitución, la también fujimorista Martha Moyano, convocó a una “mesa temática de trabajo” y solicitó opiniones a abogados allegados al fujimorismo, apurando así el dictamen.

El dictamen ya aprobado establece que “nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002”.

Los fujimoristas aplican este criterio aduciendo que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el Perú recién el 2002, por ende, no aplica para las violaciones ocurridas antes de esa fecha.

Sin embargo, lo que omiten reconocer convenientemente es que de acuerdo a diversos convenios internacionales del que Perú forma parte, los crímenes de guerra y de lesa humanidad son imprescriptibles.

Es decir, sin importar la fecha en que se hayan cometido, los responsables de estos delitos tienen que ser sancionados y juzgados.

Inconstitucional y reiterativo

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, este proyecto del fujimorismo es “inconstitucional” pues representa una intromisión inadmisible a la justicia en un Estado de derecho.

El letrado aseguró a La República que el Tribunal Constitucional ya se pronunció contra un decreto de contenido similar emitido durante el segundo gobierno aprista.

Además, indicó que en la actualidad hay 35 casos ya resueltos (incluyendo La Cantuta y Barrios Altos) cuyos fallos podrían ser anulados con esta ley que impulsa el partido del condenado Alberto Fujimori.

Algunas congresistas como Susel Paredes, Ruth Luque y Sigrid Bazán también se han pronunciado en contra de esta iniciativa, calificándola en el caso de Bazán como una "ley de impunidad con nombre propio".

En efecto, Alberto Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos, el congresista Alejandro Aguinaga y miembros del grupo Colina, entre otros afines al fujimorismo, serían directamente beneficiados con la norma que ahora debe pasar por el Pleno.

De aprobarse, representaría un retroceso de casi 30 años para el Perú que vio como en 1995 el gobierno de Fujimori promulgó la denominada "Ley de Amnistía" para favorecer al grupo Colina y evitar que afronten procesos judiciales.

Dicha ley fue derogada en el año 2000 al final del gobierno de Fujimori, quien posteriormente fue acusado de ser uno de los "coautores" de la masacre de La Cantuta y de la Masacre de Barrios Altos de 1991.

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