Por Roger Tunque
Servindi, 14 de febrero, 2019.- El informe de la Defensoría del Pueblo titulado "El largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas" reveló que, hasta fines del 2017, de las 2129 comunidades nativas, 631 aún están pendientes de titulación.
Las regiones que cuentan con la mayor cantidad de comunidades sin titular son Loreto (432), San Martín (68), Ucayali (51), Junín (26) y Pasco (26). Asimismo, entre el 2011 y 2017, periodo que comprende el informe, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco y Pasco no realizaron trabajos de titulación.
La Defensoría también identificó que un porcentaje alto de gobiernos regionales no asumen completamente sus competencias de reconocimiento y titulación de las comunidades, pese a que existen financiamientos específicos.
“Para corregir esta deficiencia, los gobiernos regionales deben implementar diagnósticos físico legal para determinar tres aspectos fundamentales en el proceso de formalización y saneamiento: el reconocimiento legal, la titulación y la georreferenciación”, señala el informe.
De igual modo, la publicación sugiere a los gobiernos regionales evaluar los plazos de duración de los procesos de reconocimiento y titulación para conocer el momento en que se paraliza para, en coordinación con el Ministerio de Agricultura (Minagri), proponer medidas de simplificación administrativa.
Necesaria revisión normativa
El informe defensorial señala que el estado, como parte de la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, debe promover la simplificación administrativa en todas sus entidades para eliminar los obstáculos o costos innecesarios para la sociedad.
Por ejemplo, para que una comunidad campesina adquiere la personería jurídica tiene que seguir nueve pasos desde el inicio de trámite hasta la inscripción en los registros públicos. Sin embargo, el Minagri aún no logra uniformizar criterios para la implementación de este procedimiento.
Para el caso de las comunidades nativas son diez los pasos que se tienen que seguir para obtener la personería jurídica. Aunque en ambos casos el tiempo se podría incrementar por oposiciones de terceros o las solicitudes o impugnaciones contra las resoluciones.
Una vez alcanzada la personería jurídica, las comunidades se encuentran habilitadas para solicitar la titulación. En el caso de las comunidades campesinas, requieren seguir 11 pasos, mientras que las comunidades nativas tendrán que atravesar 14 pasos hasta alcanzar la seguridad jurídica de sus tierras.
Catastro y georreferenciación
El informe de la Defensoría sostiene que contar con un catastro actualizado “fortalece la seguridad jurídica” ya que brinda coordenadas exactas de los límites de las propiedades comunales, a diferencia de las “referencias poco precisas de las comunidades con títulos de propiedad ancestrales, cuyos límites pueden ser malinterpretados en perjuicio de estas”.
Además, poseer un catastro reduce los conflictos por superposición de derechos territoriales y además, las comunidades contarían con un soporte de base física territorial completa.
“La digitalización satelital de los límites territoriales debe ser aprovechada en favor de los derechos de las comunidades campesinas y nativas, y para ello es necesario contar con la infraestructura tecnológica adecuada”, refiere la publicación.
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