Semana fatal para la democracia

Iniciativas parlamentarias de reforma constitucional ponen en riesgo instituciones judiciales clave y debilitan la independencia de las autoridades electorales.

Servindi, 12 de junio, 2024.- El Congreso del Perú apresura normativas que amenazan la independencia judicial, el espacio cívico y las investigaciones sobre el crimen organizado y violaciones de derechos humanos, alertó Human Rights Watch.

Previo al término del periodo legislativo el 15 de junio de 2024, el Legislativo avanzó con proyectos de ley que otorgarían al gobierno poderes excesivamente amplios para controlar a las organizaciones no gubernamentales. 

El debilitamiento de la JNJ

El 5 de junio, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó una reforma constitucional para eliminar la Junta Nacional de Justicia, el organismo encargado de nombrar y destituir a jueces, fiscales y autoridades electorales. 

En su lugar, pondría al Senado a cargo de la designación y remoción de las autoridades electorales, así como de la remoción de los jefes de las entidades disciplinarias del poder judicial y del Ministerio Público. 

Integrantes del Congreso del Perú estarían bajo investigación penal por lo que estratégicamente habrían propuesto iniciativas que debilitan la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Impunidad para graves violaciones de derechos humanos 

Además, se han formulado iniciativas que debilitan las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en los 80 y los 90, reformas que deben aprobarse en dos periodos legislativos distintos, el próximo de los cuales comienza el 27 de julio.

El proyecto, que necesita una segunda votación del Congreso para convertirse en ley, afirma, en contradicción con el derecho internacional, que los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de noviembre de 2003 están sujetos a la prescripción. 

Por otro lado, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un proyecto de ley que daría enormes poderes al gobierno para controlar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos desde el extranjero.

“Es probable que estas medidas tengan graves consecuencias para todos los peruanos, permitiendo que el crimen organizado se expanda y dificultando que las personas reciban protección cuando se violan sus derechos”. señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

El 7 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la forma en que el Congreso del Perú ha ejercido el poder podría poner al Estado de derecho “en un riesgo crítico”.

Los Estados parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían debatir la situación en Perú durante la asamblea general que se celebrará en Paraguay a finales de junio.

Normas a la talla de sus autores

Ya desde 2023, el Congreso acortó el plazo para suspender la prescripción de las causas penales. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, invocó la nueva ley para solicitar su propio sobreseimiento en una causa penal. 

Posteriormente el Congreso también introdujo modificaciones sustanciales a la Ley de Colaboración Eficaz, debilitando lo que había sido una herramienta esencial en las investigaciones sobre crimen organizado. 

El 30 de mayo aprobó, en primera lectura, un proyecto de ley que restringiría la definición de “crimen organizado”, lo que dificultará la investigación de muchos delitos conexos, como la extorsión, que se ha disparado en los últimos años.

Además, el Congreso nombró a seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional; a un defensor del pueblo sin experiencia en derechos humanos; inhabilitó a una fiscal suprema; y removió a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Actualmente, la Fiscalía investiga un presunto esquema de tráfico de influencias entre miembros del Congreso y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, a quien la Junta Nacional de Justicia destituyó el 22 de mayo. 

Alertan a organismos internacionales 

Human Rights Watch, señaló que durante la asamblea general de la OEA programada para el 26 y 28 de junio, los miembros deberían plantear su preocupación por el desmantelamiento del Estado de derecho y de los sistemas democráticos en el Perú. 

La Unión Europea y otros Estados interesados también deberían instar públicamente a la presidenta Boluarte a que garantice el respeto por el Estado de derecho y la independencia judicial.

“Los gobiernos de las Américas deben pronunciarse urgentemente sobre el retroceso democrático en el Perú”, dijo Goebertus. “Está en su interés, y ciertamente en el de todos los peruanos, detener la infiltración y expansión del crimen organizado y la corrupción en las instituciones peruanas”.

 

Escucha nuestro podcast


AÑADE UN COMENTARIO
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.