El terruqueo como política de Estado para reprimir protestas

El terruqueo va camino a consolidarse como una política pública del Estado para justificar una represión brutal contra las protestas.

Servindi, 11 de julio, 2023.- A puertas de la marcha nacional hacia Lima convocada para el 19 de julio, las voces del “terruqueo” en el Gobierno contra las personas que se movilizarán han vuelto a resonar.

El terruqueo va camino a consolidarse como una política pública del Estado para justificar una represión brutal contra las protestas. Lo usaron antes y todo apunta a que lo volverán a usar ahora.

Marcha hacia Lima

Como se sabe, el descontento popular se ha reactivado en el país dada las ínfulas de poder de Dina Boluarte, el uso interesado de las leyes en el Congreso y la impunidad por las muertes en las protestas pasadas.

La indignación planea expresarse el 19 de julio en la llamada “Tercera Toma de Lima”, una movilización nacional para exigir que se vayan la presidenta y el Congreso y se convoquen a elecciones anticipadas.

No es un reclamo aislado. Las encuestas muestran que un 80 por ciento de peruanos desaprueba el régimen de Boluarte y un por ciento al Congreso, donde la mayoría transa solo en favor de intereses personales.

El rechazo a las más altas autoridades del país ha traído de vuelta el reclamo que desató las protestas en diciembre de 2022: la salida de Boluarte y el cierre inmediato del Congreso.

Aquellas protestas, que dejaron más de 60 muertos, fueron reprimidas duramente por el gobierno que a través de la Policía se enfrentó con manifestantes que denominaron “delincuentes terroristas”.

Hoy que una nueva marcha con el potencial de remover el país se avecina, la policía y el poder mediático no han tenido mejor opción que revivir el “terruqueo” para justificar una posible represión.

Terruqueo contra protestas

Por un lado, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, aseguró sin mayor reparo que en la Tercera Toma de Lima habrá integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

“Está comprobada la participación de miembros de Sendero Luminoso”, dijo Arriola en una entrevista reciente en Canal N, donde pidió a las personas que asistan a la marcha tener “cuidado”.

Alegó que esta información ha sido confirmada por grupos de inteligencia de la policía y, por ello, realizarán el registro de personas (y sus pertenencias) que ingresen a la capital para participar en protestas.

Este último anuncio ha generado un rechazo de varios especialistas que afirman que al revisar a las personas que ingresen a Lima, la Policía está vulnerando el derecho al libre tránsito en el país.

General de la Policía, Oscar Arriola, dijo estar convencido de que detrás de la marcha a Lima hay terroristas infiltrados. La entrevista fue en Canal N.

El pronunciamiento del general Arriola va en línea con lo que también sostiene el ministro del Interior, Vicente Romero, quien afirmó que la protesta del 19 de julio está vinculada con el terrorismo.

“¿Está relacionado el terrorismo con la protesta?”, le preguntaron a Romero en una actividad oficial reciente, a lo que respondió: “Por supuesto”.

Complementó su respuesta sindicando a la narcoterrorista, la camarada Vilma, como una de las responsables de este vínculo entre terrorismo y protesta, tal como antes ya lo había señalado el premier Alberto Otárola.

El coro del terruqueo de las más altas autoridades del Estado viene acompañado nuevamente del poder mediático corporativo y concentrado que ya está acostumbrado a “terruquear” para deslegitimar demandas sociales.

Basta ver nada más las portadas de diarios como Perú 21 o la agenda que mantienen ventanas televisivas como Canal N, donde durante el día el objetivo central sería “terruquear” hasta más no poder.

Una de las portadas del diario Perú 21 con fecha 9 de julio. Acusa a manifestantes de querer "destruir la democracia".

Terruqueo como política pública

Esta situación coloca al Estado como un actor que está buscando ya no solo deslegitimar o minimizar los posibles impactos de una protesta, sino legitimar al “terruqueo” como una política pública para justificar una posible represión.

Reconocidos periodistas independientes del país como Glatzer Tuesta, del Instituto Defensa Legal-Radio (Ideeleradio) o César Hildebrandt, ya lo vienen advirtiendo con todas sus letras.

“Hay toda una arremetida desde el Gobierno, convirtiendo el terruqueo en una política pública para movilizar a la Policía de cara a un accionar claramente inconstitucional y vulneratorio de derechos fundamentales”, dijo Tuesta recientemente.

“El terruqueo macabro y primitivo que hace la prensa mercenaria contra la marcha del 19 de julio es criminal”, opinó por su lado Hildebrandt, en clara alusión al coro mediático que acompaña el “terruqueo” del Estado.

La sociedad, las instituciones democráticas, los organismos internacionales de derechos humanos, están advertidos. El Estado ha vuelto a terruquear, lo que significa que se prepara para reprimir.

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