Foto: Facebook ANPE-PERÚ
Servindi, 11 de marzo, 2016.- Las agrupaciones políticas Frente Amplio, Acción Popular y Partido Humanista coincidieron en la necesidad de que el Estado promueva la agricultura familiar por su importancia estratégica: constituye el 97 por ciento de todas las unidades agropecuarias, cultivan el 70 por ciento de los alimentos que consumimos, y emplea a 2 millones de peruanos.
La coincidencia se efectuó en el foro electoral: "El agro en los planes de gobierno", realizado el miércoles 9 de marzo. Los partidos políticos Peruanos por el Kambio y Todos por el Perú no asistieron a pesar de haber confirmado su participación.
El evento fue organizado por gremios vinculados a la agricultura familiar como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE PERÚ), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la organización de mujeres FENMUCARINAP y el Consorcio Agroecológico con el apoyo de Oxfam.
Los representantes de los partidos políticos y diversos especialistas enfatizaron que el Perú enfrenta grandes desafíos para repotenciar el agro como la falta de apoyo a la agricultura familiar y superar la inseguridad alimentaria que afecta a 7 millones de ciudadanos en el país.
Fotografía: Oxfam
Alberto García, asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), remarcó la necesidad de impulsar el desarrollo agrario para lograr eliminar el hambre, reducir la pobreza rural, fomentar los sistemas agrícolas sostenibles y la adaptación al cambio climático.
Armando Mendoza, economista de la organización de cooperación solidaria Oxfam, comentó que pese a la gran importancia económica y social que tiene la agricultura familiar, las políticas públicas se han enfocado en las empresas agro-exportadoras, relegando a un segundo plano a los pequeños productores.
Así lo demuestra la estadística del último Censo Nacional Agrario de 2012 (Cenagro) que arroja que tan solo uno de cada diez campesinos consigue asistencia técnica y uno de cada cinco accede a crédito.
Ante el sombrío panorama que se avecina, debido a la desaceleración del crecimiento económico, Mendoza alertó que el agro debe apuntalar el desarrollo integral del país.
Imagen: campaña Crece de Oxfam
Invertir en agricultura familiar
Carlos Monge, del Frente Amplio, remarcó la importancia de la agricultura familiar —pues representa un 26 por ciento de la PEA— y la necesidad de impulsarla. “El agro concentra todas las potencialidades y claves para que este sea un país mejor”, precisó.
El Frente Amplio considera que el mundo rural “necesita un tratamiento especial de dimensión constitucional” y que debe implementarse un gabinete para el área rural que afine, implemente y monitoree los resultados de las políticas en dicha materia”.
Monge propuso mejorar la cobertura de Pensión 65, recuperar los aranceles, efectuar mejoras en los programas de asistencia técnica y crédito agrario, fortalecer el programa Mi Riego e invertir en el mantenimiento de caminos rurales.
“Con 6 mil millones de soles, el costo de construir la Línea 2 del metro de Lima, se puede reparar el 80 por ciento de los caminos rurales. Es cuestión de prioridades”, señaló.
Monge recordó que los productores familiares no cuentan con títulos de propiedad de ninguna parcela en el 40-60 por ciento de los casos y criticó la concentración de tierras a manos de grandes empresas agroexportadores.
Imagen: campaña Crece de Oxfam
Por otro lado, Ricardo Monteagudo, de Acción Popular, enfatizó que “es imprescindible romper con la dependencia alimentaria y con la importación de alimentos que viene desde hace 40 años”.
Agregó que es fundamental una reforma constitucional, así como promover la conectividad, el uso de la tecnología y los medios de comunicación para poner en vitrina los problemas del agro y transparentar el tratamiento oligopólico de algunas empresas que encarecen los precios.
César Campos Rodríguez, del Partido Humanista, señaló que el mundo rural pierde el 50 por ciento del valor de los productos que llegan a nuestras mesas: “Tenemos que encontrar lineamientos para romper esas brechas, los agricultores deben participar en la riqueza”, comentó.
También se mostró a favor de brindar más asistencia, tecnología y financiamiento a los pequeños agricultores. Campos identificó la comercialización como una traba que aleja al pequeño productor para ganar en productividad
El congresista Jaime Delgado se mostró indignado porque los intereses de los grupos económicos muchas veces se imponen en el país: “Hay grupos que tiene hasta 120 mil hectáreas, ¿acaso no hay un límite? ¿Cuánto más vamos a dejar que crezca esto?”, cuestionó.
Finalmente, cerró el evento mencionando que espera que el próximo gobierno declare al país libre de transgénicos y que el sector agrario sea mirado de manera articulada: “Deben tener una visión integral, el gobierno debe comprometerse con el agro para hacerlo sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria”, puntualizó.
Retos
Ha habido algunos avances y se ha conseguido dar un salto legislativo, pues durante este gobierno se aprobó la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, la Ley de Fomento a la Agricultura Ecológica y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Sin embargo, Moisés Quispe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), ratificó que estas leyes son letra muerta pues no cuentan con presupuesto ni se han reglamentado.
En tal sentido concluyó que garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos es un reto pendiente para el país. La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional nació con este objetivo, pero permanece estancada en el Congreso debido a las observaciones de la congresista fujimorista Martha Chávez.
Otra de las normas que se adoptaron durante este gobierno fue la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, una normativa que se encuentra también paralizada por su falta de reglamentación debido a la oposición de la industria alimentaria.
Además, normas como la Ley N° 30230, aprobada en julio de 2014, y conocida como “paquetazo ambiental”, pone en grave riesgo el derecho al territorio de las poblaciones de comunidades campesinas e indígenas.
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