Servindi, 10 de noviembre, 2023.- Pese a que el Estado peruano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales aún son muchos los derechos que no se aplican de manera adecuada.
Al suscribir y ratificar dicho tratado internacional de derechos humanos el Estado se comprometió a proteger los derechos colectivos de los más de 50 pueblos indígenas u originarios que habitan en el territorio nacional.
Pero muchos de esos derechos no se cumplen ni garantiza. Esto los confirma el “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT” elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La presentación del informe se llevó a cabo el jueves 9 de noviembre en el auditorio José María Arguedas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Cabe mencionar que el Convenio 169 de la OIT es un tratado que establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el ambiente de los pueblos originarios.
El evento inició con las palabras de la abogada Ana Leyva, abogada de CooperAcción, quien comentó que, en el Perú, aún se tiene un Estado con rasgos coloniales, ya que, conceptos como el de “territorio” aún no están del todo incorporados en la legislación peruana, y en consecuencia, no está protegido.
“La eficacia de la consulta previa es casi nula. Ha sido una pelea por las tierras y por los territorios, ese sigue siendo un problema central de los pueblos indígenas” agregó Leyva.
“Ahora hay intentos de desarrollar autonomías y autogobiernos” los cuales tampoco están reconocidos y menos protegidos por el Estado peruano, destacó Ana Leyva
Por su parte, Javier Jahncke, representante de Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y de la Coordinación del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, señaló que hay una debilidad en la articulación multisectorial en los sectores que abordan las políticas para pueblos indígenas.
Eso se puede observar en las deficiencias para la protección efectiva de los defensores y defensoras. Además, observa Jahncke “en el Congreso hay un grupo antiderechos que busca revertir los avances en materia de derechos con el propósito de abrir la Amazonía para la penetración del extractivismo”.
Por la parte de los representantes de los pueblos indígenas, intervino Rosalía Clemente Tacsa, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), quien resaltó que los medios de comunicación no están a favor de los pueblos indígenas.
Los medios no han visibilizado sus reclamos ni sus demandas. Además, Clemente enfatizó la importancia de los pueblos y comunidades indígenas señalando que “durante la pandemia nosotros –las comunidades– hemos puestos los alimentos sobre la mesa”
Asimismo, Salvador Merma, presidente de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, comentó que las comunidades campesinas son avasalladas por concesiones mineras que nunca respetan a las comunidades y hacen caso omiso al derecho a la consulta previa.
En esa línea, Liliana Gadea, coordinadora del Observatorio Nacional de Consulta Previa de ONAMIAP, resaltó que desde diciembre denuncian que el gobierno de Dina Boluarte tiene un proyecto de dictadura extractivista genocida.
Ese proyecto va llevar a la pérdida de identidad de los pueblos indígenas, además de sus territorios y vidas, lo cual representaría un incumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
Miguel Jugo (CNDDHH), Ruth Luque (congresista de la República) y Catherine Neciosup de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una de las mesas de presentación. Foto: CNDDHH.
En otro momento de la presentación del informe, la congresista de la República, Ruth Luque comentó que se está condenando a la desigualdad y la pobreza a las comunidades que hoy están mucho más pobres que antes.
“Estamos viviendo en un contexto de criminalidad e impunidad avalado por un Congreso de la República que no ha querido nunca aprobar la consulta previa de las medidas legislativas”, destacó la congresista de la República.
Luque resaltó finalmente que “pese a la crisis y a la situación adversa necesitamos seguir disputando espacios para la representación política indígena y los pueblos participen en los espacios de poder y de toma de decisiones.”
Por su parte, Catherine Neciosup, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó que la OACNUDH entre enero de 2022 hasta septiembre de 2023 ha documentado 151 incidentes sobre ataques, intimidaciones, hostigamiento a personas defensoras.
Ello involucra a 365 víctimas, incluyendo siete personas asesinadas.
Además, aportó Neciosup, “el derecho a la consulta previa no debe verse como una isla en el océano, sino que tiene que verse vinculado a los demás derechos de los pueblos”.
Esos derechos están contenidos en otros instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” destacó Neciosup.
Por su parte Miguel Jugo, secretario adjunto de la CNDDH, expresó que los derechos colectivos son exigibles a nivel nacional e internacional.
Recordó la importancia del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su aplicación en medidas legislativas y habló de varios casos en nuestro país que han acudido a instancias internacionales para defender derechos.
“Es muy importante la unidad, del pueblo y de los pueblos indígenas. Esta unidad debe ir a otros sectores. Es momento de unirnos y articularnos en una agenda común”, destacó Jugo.
Las problemáticas y afectaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios que han sido discutidas en el evento son ampliamente explicadas en el “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT”.
Además, el documento proporciona aportes que enriquecen el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado, con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios.
Con la presentación del informe se busca, no solo sensibilizar al público en general sobre la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios
También se busca llamar a los organismos internacionales y de prensa extranjera para que contribuyan a incidir en el Estado peruano a fin de establecer medidas que permitan solucionar los problemas que sufren constantemente los pueblos indígenas.
Descargar el informe completo en el siguiente enlace: |
Descarga la cartilla informativa en el siguiente enlace: (PDF, 8 páginas) |
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