La pandemia terminó de convencer a los narcotraficantes de que Ucayali es un punto estratégico para producir y sacar droga del Perú. Las comunidades indígenas en esta región, cercadas cada vez más por invasores que siembran hoja de coca en sus territorios, padecen la situación. Como en la pandemia, sienten que se enfrentan solos ante el enemigo.
Servindi, 9 de octubre, 2020.- Al igual que las comunidades indígenas ubicadas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en Ucayali hay un enemigo que se expande cada vez más: el narcotráfico.
Testimonios de líderes indígenas y reportes de los últimos meses, confirman que esta región amazónica se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico en el Perú.
Denunciar esta actividad ilegal, le ha valido recientemente una advertencia de muerte a Berlin Diques, jefe de la Organización Regional Indígena Aidesep Ucayali (ORAU) ¿Qué ocurre en esta región?
Historia desde el Vraem
Para entender lo que ocurre en Ucayali es indispensable repasar la situación que hasta hoy enfrentan las comunidades indígenas asentadas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Para estas comunidades, está claro que el narcotráfico tiene el rostro de invasores.
La presencia de estas personas en sus territorios esconde un fin que con los años aprendieron a identificar: ganar espacios para cultivar y procesar la hoja de coca.
Con ese objetivo, ingresan a sus comunidades, los despojan de sus territorios y, si intentan oponerse, los hostigan y amenazan con matarlos.
Líderes indígenas de Junín reportaron a OjoPúblico ser víctimas de amenazas de muerte por parte de narcotraficantes que quieren despojarle sus territorios. Foto: CARE
Un reportaje del portal OjoPúblico publicado en agosto de este año, demostró que esta situación no cambió ni se detuvo ni siquiera durante la pandemia.
“Nos amenazan de muerte, nos hostigan, y captan a autoridades corruptas, que les entregan rápidamente títulos de posesión”, le dijo el apu asháninka Fabián Antúnez a OjoPúblico.
El apu, presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), añadió que los invasores provenientes de Huancayo, Ayacucho y Cusco, se mantenían en las comunidades del río Tambo, en Junín.
Mientras que la presidenta de la Organización Asháninka del Río Apurímac (OARA), confirmó la presencia de otro grupo de invasores en siete comunidades de Cusco, en la provincia de La Convención.
Pero, aunque la pandemia no detuvo las invasiones en el Vraem, principal centro de producción de coca de Perú, lo que sí ha causado es una reorganización del mapa del narcotráfico.
Y esta reorganización, a su vez, terminó de poner en los ojos de los invasores a Ucayali.
Amenaza creciente
Una nota de la Fundación InSight Crime, dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, dio las primeras luces de esta situación en abril de 2020.
Según el reporte, el interés de los narcotraficantes en Ucayali había aumentado antes de que el coronavirus empezara a rondar por el mundo y respondía a dos hechos puntuales.
Primero, a que más drogas estaban siendo dirigidas a Brasil y, en segundo lugar, al interés de los grupos criminales en ubicar nuevos lugares para hacer despegar narco vuelos hacia Bolivia, que solían salir desde el Vraem.
Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico, le explicó a InSight Crime que este último interés surgió a partir de la destrucción de cientos de pistas clandestinas en el Vraem, autorizadas desde el año 2015 y efectuadas por las Fuerzas Armadas.
Estas operaciones, según señaló el especialista, obligaron a los traficantes a mover sus pistas especialmente hacia el norte, hacia los distritos de Pichis, Palcazú y Pachitea, justo al oeste de Ucayali.
Expansión del narcotráfico en Ucayali en los últimos años se registró por el oeste de esta región. Foto: INEI
El informe de 2017 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre la cobertura de cultivos de coca en Perú, reveló que entre el 2016 y 2017, los cultivos ilícitos en esa zona aumentaron en un 554 por ciento.
Y solo el año 2017, las autoridades encontraron 57 pistas de aterrizaje clandestinas allí mismo, una cifra que, para abril del 2020, según Yaranga, era ya superior a 100.
En ese mismo periodo (2016-2017), los cultivos ilícitos en los municipios de Aguaitía y Callería de Ucayali, aumentaron en 40 % y 136 %, respectivamente.
Ya en el 2019, la comunidad Puerto Nuevo de Ucayali, acechada por las invasiones y el narcotráfico, apareció en la lista de las diez comunidades indígenas con mayor deforestación en el Perú.
Plantaciones de hoja de coca en Puerto Nuevo, la comunidad más deforestada de Ucayali, según un estudio de Instituto de Bien Común. Foto: Yvette Sierra Praeli.
“Si bien Ucayali no es la mayor región productora de coca en Perú, se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas por aire y río”, sentencia el informe de abril de 2020 de la Fundación InSight Crime.
Con estos datos, es posible advertir que la pandemia solo terminó de impulsar la movilización ya iniciada de este negocio ilegal hacia Ucayali
Aunque muchas rutas convencionales se cerraron durante este periodo, los narcotraficantes de Ucayali vieron en Bolivia y Brasil los destinos para seguir transportando su carga, aprovechando además el río Ucayali que conecta con este último país.
Si bien Ucayali no es la mayor región productora de coca en Perú, se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas por aire y río, sentencia el informe de abril de 2020 de la Fundación InSight Crime.
Actualmente, varios sectores de Ucayali han sido tomados para la plantación de hoja de coca, según advierte Iván Brehaut en un artículo reciente.
Entre los espacios capturados por esta actividad ilegal menciona a la zona de Imiría, el Sheshea, la cuenca del Sepahua y la comunidad nativa Yamino, en Padre Abad.
“La lista continúa y ahora se hace difícil decir con exactitud qué cuencas no han sido o están siendo ocupadas por delincuentes que trafican tierras, donde más temprano que tarde se acomodan los cocaleros”, señaló Brehaut.
Líderes desprotegidos
La situación ha llevado a los líderes indígenas de Ucayali a marcar una posición firme de rechazo contra estas actividades ilegales.
Las respuestas a esta oposición no se han hecho esperar.
El 1 de octubre, el administrador de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU), José Malpartida López, fue abaleado mientras se dirigía a la oficina de su institución. Lo dejaron gravemente herido.
Y ese mismo día, apenas unas horas después, un cartel intimidatorio llegó a la oficina de ORAU: “Urgente, ¡Malditos!, esta es solo una advertencia. Luego vendrá para sus cabezas indios Berlín y James”, se leía en el panfleto.
En una entrevista con Mongabay Latam, el presidente de ORAU, Berlin Diques, contó que días antes a este hecho, también había recibido llamadas anónimas en las que lo insultaban.
Berlin Diques, líder de ORAU, amenazado de muerte por denunciar las actividades ilegales en territorios indígenas. Foto: DAR
Para él, está claro que estas amenazas responden a las denuncias públicas que en las últimas semanas han venido haciendo contras taladores ilegales, narcotraficantes e invasores de terrenos.
Estas actividades ilegales, están afectando a varias comunidades en Ucayali, entre ellas Flor de Ucayali, Santa Clara de Uchunya, Unipacuyacu, Sinchi Roca, Saweto y Kametsa Quipatsi, contó el líder indígena.
Con estos argumentos, Berlin Diques y los líderes de cuatro comunidades, dos de ellas de Ucayali, se presentaron el 6 de octubre en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Allí, denunciaron que el Estado no los está protegiendo frente a estas amenazas y que la demora en el reconocimiento de sus territorios ancestrales, sigue favoreciendo la llegada de más invasores.
Decepcionados por la respuesta de la delegación del Estado peruano en la misma audiencia, decidieron realizar una conferencia de prensa al día siguiente.
En ella, Ivan Flores, dirigente la comunidad ucayalina Santa Clara de Uchunya, se hizo una pregunta que bien podría terminar de explicar la decepción de los indígenas.
“¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Pueden responder a esto o realmente quieren vernos en un ataúd para desaparecernos?”, dijo Flores.
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