Servindi, 9 de julio, 2023.- La organización Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por el estado de las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la represión de las protestas de diciembre 2022 a febrero 2023.
Su directora ejecutiva Marino Navarro, exhorta al Estado Peruano a subsanar las falencias en las investigaciones y brinda recomendaciones para encontrar verdad, justicia y reparación.
El llamado se efectuó con motivo de la presentación de Perú ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU).
El EPU es un mecanismo que evalúa la situación de los derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU.
Informe de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) elaboró el informe titulado “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”.
El documento analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca.
Los casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales.
La investigación de 77 páginas identificó que agentes del orden dispararon de manera injustificada munición letal en partes vulnerables del cuerpo de las personas que protestaban.
Además concluyó que la represión de las protestas fue letal y racista. El 80 por ciento de personas fallecidas pertenecían a un pueblo indígena o eran campesinas.
Un detalle de interés es que la policía y el ejército sólo utilizaron munición letal fuera de Lima.
Pese a las graves violaciones de derechos humanos, el proceso de investigación aún es lento y alejado de las víctimas.
Por tal motivo Amnistía Internacional llama a la Fiscalía a llegar a la verdad de los hechos y a investigar a todos los responsables, sean de cualquier nivel político, policial o militar.
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