Sociedad se planta contra autoritarismo congresal

Perú vive horas tensas ante el intento del Congreso por destituir a miembros de la JNJ. Sociedad civil rechaza este golpe a la democracia.

Servindi, 8 de noviembre, 2023.- En momentos difíciles para la democracia peruana, la sociedad civil organizada en la Plataforma por la Democracia denuncia el autoritarismo congresal y copamiento mafioso del Estado.

A través de un pronunciamiento, llaman al Parlamento a rechazar el informe tendencioso con el que se busca destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y piden a la ciudadanía movilizarse.

Como se sabe, el Congreso había agendado para este 8 de noviembre la sesión que podía terminar con la destitución de los miembros de la JNJ, pese a las irregularidades advertidas a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, los planes cambiaron luego de que el Poder Judicial otorgara la noche del 7 de noviembre una medida cautelar solicitada por la JNJ para suspender dicho proceso hasta que se resuelva una demanda por vulneración al principio del debido proceso.

Tras ello, la JNJ anunció que respetarán el fallo judicial y que sus miembros no acudirían al Congreso para la sesión prevista.

El Congreso, por su parte, rechazó el fallo judicial y, aunque inicialmente insistieron en convocar a la sesión del Pleno, esta fue reprogramada este 8 de noviembre por presuntas discrepancias a la interna.

El Poder Legislativo, rechazado por el 90% del país, buscaba llevar adelante la destitución irregular de miembros de un organismo clave en la independencia judicial, justo el día en que se jugará el clásico del fútbol peruano, aprovechando así la distracción social masiva.

Aunque de momento esta embestida del Parlamento, calificada como un golpe a la democracia, no se ha concretado, la amenaza no cesa pues los legisladores no ceden en su intento.

De hecho, la congresista Patricia Chirinos ya denunció a los miembros del Poder Judicial que otorgaron la medida cautelar a la JNJ y la Fiscalía ha iniciado una investigación al respecto.

Desde Perú, organizaciones de derechos humanos denuncian que el Congreso lleva adelante un conjunto de medidas autoritarias y mafiosas que incluyen la designación del defensor del pueblo y el copamiento del Ministerio Público.

Esto explicaría porque la Fiscalía actúa con suma rapidez en este caso admitiendo a trámite una medida contra jueces que actuaron con apego a la ley impidiendo una clara arbitrariedad del Congreso.

Así como el silencio de la Defensoría del Pueblo frente a este ataque, puesto que antes de la llegada de Josué Gutiérrez como defensor, el organismo mantenía una línea irrestricta de la defensa de los derechos humanos que hubiera motivado un pronunciamiento tajante ante los hechos actuales.

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