Salhuana dispuso la promulgación de Ley de la impunidad

Gustavo Adrianzén confirmó que el Ejecutivo no observó le ley sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad antes de 2002 y la decisión quedó en manos de Eduardo Salhuana, quien no dudó en ordenar su promulgación hoy en la tarde. 

Servindi, 8 de agosto, 2024.- Decenas de deudos podrían ahora no alcanzar justicia por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, tras la disposición de la promulgación de la Ley de la impunidad a manos por el Congreso. 

Hace solo un día el premier Gustavo Adrianzén, confirmó que el Ejecutivo liderado por Dina Boluarte decidió no observar la Ley de la impunidad y dejar la decisión en manos del Congreso, que evidentemente aprobaría la norma, a pesar de que va en contra de la normativa internacional. 

“Nosotros tuvimos un debate muy intenso y finalmente desde el Ejecutivo se decidió no observarla y dejar que esto ocurra si el Congreso lo estima pertinente” dijo públicamente.

El Ejecutivo tenía hasta el 1 de agosto para observar la propuesta de ley 6951 pero no lo hizo, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exhortó tomar las medidas necesarias para garantizar que esta no sea aprobada.

El último cinco de agosto la Corte IDH volvió a emitir un documento dirigido a la presidenta Dina Boluarte recordándole que al ser un país miembro de la Convención Interamericana de DDHH, el Perú debe cumplir con las decisiones de la corte.

Sin embargo, pese a los múltiples pronunciamientos y exhortaciones Adrianzén, negó que esta normativa favorezca la impunidad y aseguró que los casos Barrios Altos y La Cantuta ya tenían sentencia.

“Con esta decisión se hace completamente evidente cómo el gobierno toma parte a favor del Congreso y no está interesado en frenar la arremetida del Congreso contra el sistema democrático” dijo Juanita Goebertus de Human Rights Watch.

La abogada que participó del Ciclo de diálogos políticos de la Fundación Mohme, dijo que esta ley es grave porque puede ser usada por jueces y fiscales para socavar investigaciones que están en curso sobre graves violaciones de derechos humanos.

Agregó que, abre la puerta a revisar condenas firmes contra miembros de fuerzas de seguridad y del gobierno, como miembros de Sendero Luminoso que fueron hallados culpables de crímenes de guerra.

Como se recuerda cuando la Ley de la impunidad fue aprobaba en primera votación los Fiscales Especializados en Derechos Humanos, señalaron que de ser aprobada afectaría a más de 550 víctimas.

La norma irá contra casos emblemáticos como Paccha I y II, Chuschi, Huanta 84, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos y El Santa, Huancapi, Cedruyo, Putis, Accomarca, Cabitos 1983, entre otros.