Fuente de la imagen: Tiempo argentino
El fallo “viene a reafirmar todo el marco jurídico reconocido a favor de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional sobre la posesión y la preexistencia”, destacó el cacique Néstor Jerez.
Servindi, 8 de mayo, 2022.- Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia en la provincia de Jujuy absolvió a personas del pueblo Okloya denunciadas por usurpación y reconoció la preexistencia de este pueblo sobre el territorio en disputa.
El fallo “pone las cosas en su lugar y exige que se cumpla con las leyes y jurisprudencia reconocidos desde hace 28 años en la Constitución Nacional, 22 años en el Convenio 169 de la OIT y 16 años en ley 26.160”, indican en un comunicado voceros de dicho pueblo.
La sentencia “es un fallo ejemplar que reconoce la preexistencia y aplica el marco jurídico de los derechos de incidencia colectiva vigentes a favor de la Comunidad Indígena Tiraxi – Pueblo Okloya” indica la comunidad.
El litigio había comenzado hace casi una década y la sentencia reafirma “todo el marco jurídico reconocido a favor de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional sobre la posesión y la preexistencia”.
Así lo remarcó Néstor Jerez, cacique okloya, en diálogo con el medio Tiempo Argentino, y denunció a privados, terratenientes y testaferros han buscado despojar el territorio comunitario.
La Comunidad Aborigen Tiraxi Pueblo Ocloya posee personería jurídica otorgada por Resolución 26/INAI, y la Resolución 771 dio por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral dispuesto por la Ley 26.160.
Han generado documentación falsa desde 2011, cuando nosotros somos preexistentes, afirmó el cacique, y la comunidad siempre estuvo presente en las parcelas en disputa, usándolas para vivienda y pastoreo.
“En el territorio donde vivimos desde siempre llegan personas ajenas, privados, testaferros, se instalan y se apropian de parte del territorio y después te denuncian como usurpadores”.
“Hacen papeleo y supuestamente pasan a ser ellos propietarios y las comunidades tildadas de usurpadoras”. Esta es una práctica que se repite en distintos puntos del país, puntualizó.
Los denunciantes son “testaferros vinculados al poder económico. Seguramente el paso siguiente de ellos será apelar. Estamos a la espera y con la expectativa de que la Cámara reafirme lo que se dijo en primera instancia”.
Batalla normativa
Según reporta Tiempo Argentino, Néstor Jerez, estuvo en Buenos Aires para impulsar la prórroga de la Ley 26.160, con media sanción en el Senado y extendida por decreto presidencial por el momento.
La Ley 26.160, de Emergencia Indígena fue sancionada en 2006 y extendida por cuatro años más en 2009, 2013 y 2017. En noviembre de 2021 vencía y su prórroga no fue aprobada a tiempo: sólo obtuvo media sanción en Senadores.
Por eso, se avanzó por decreto. Pero las comunidades exigen que la medida tenga su soporte legislativo debido a que es una de las herramientas principales de las comunidades para defender sus territorios.
Según un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de febrero de 2021, para entonces unas 1756 comunidades originarias habían sido registradas dentro del territorio de la República Argentina e inscriptas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
De ellas, 989 ya tenían sus carpetas técnicas, con documentos probatorios sobre sus lugares de pertenencia.
Las organizaciones de pueblos indígenas impulsan además la instrumentación de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y este mes harán el “lanzamiento de la unificación de proyectos de ley de propiedad comunitaria indígena, para impulsar un solo proyecto”.
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