Apus del Lote 192: “Sin consulta no hay petróleo”

Ante un nuevo contrato por 30 años de explotación petrolera, los representantes de las casi 30 mil personas que habitan en las comunidades localizadas en el Lote de hidrocarburos 192, en la región Loreto, exigen que se realice el proceso de consulta previa para garantizar una actividad responsable. Asimismo, reclaman remediación ambiental efectiva tras cumplirse más de 40 años de contaminación.

Por Meylinn Castro

Servindi, 8 de setiembre, 2017.- A escasos días de cumplirse el plazo que las comunidades indígenas del Lote 192 dieron al Gobierno para dar luz verde a la consulta previa sobre la explotación de petróleo en sus territorios, los apus Carlos Sandi y Alfonso López expresaron su temor ante la posibilidad de que se vulneren sus derechos.

Y es que, después de más de 40 años de actividad petrolera con graves impactos ambientales, el Estado firmará un nuevo contrato de explotación del hidrocarburo con una empresa por 30 años en el Lote 192, ubicado al norte de la región Loreto.

En este sentido, los representantes de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón exigen el proceso de la consulta previa para garantizar una actividad responsable no solo en lo económico, sino también a nivel social y ambiental.

Así como el Estado garantiza las ganancias de las transnacionales, también debe garantizar los derechos de las comunidades

“La consulta es para garantizar nuestros derechos. Así como el Estado garantiza las ganancias de las transnacionales, también debe garantizar los derechos de las comunidades”, enfatizó Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACOR).

Por su parte, Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), aseguró que no están en contra de la actividad petrolera y que quieren que se mejore la calidad de vida de las casi 30 mil personas que habitan en las comunidades.

“No nos oponemos, pero no podemos apostar por una actividad irresponsable que va matando a nuestros ríos, bosques, peces, recursos, animales y medio ambiente (…) El Estado debe comprometerse a consultar a los pueblos indígenas afectados directamente”, aseveró en una conferencia de prensa.
 

Plazos vencidos

De acuerdo a Ana Leyva, abogada y directora de CoperAcción, el pedido de la consulta previa se inició en abril. Después de un mes de la petición, el Ministerio de Energías y Minas (Minem) respondió que el proceso no corresponde porque ya se había llevado a cabo en 2015.

Sin embargo, los apus señalaron que el proceso llevado a cabo en ese año fue “fraudulento” al no contar con la participación de 16 de las 20 comunidades.

“La consulta anterior fue fraudulenta porque se vulneró el derecho de los pueblos indígenas. No se consultó a todas las comunidades”, manifestó el representante de FECONACOR.

Ante esta situación, el presidente de la FECONACOR y Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), presentaron un recurso de apelación.

“Ahora, el expediente está a cargo del Viceministerio de Interculturalidad. Desde el 31 de julio no hay respuesta”, manifestó Ana Leyva.

Para la especialista, el pedido de consulta es válido al tratarse de un nuevo contrato. “Nuevo contrato, nueva consulta. El contrato que se celebró fue por servicios y por dos años. Este nuevo contrato tiene otras características. Por lo tanto, corresponde la consulta”, resaltó.