Mineros destrozan carpas de campesinos que hacía vigilia en Antequera de Oruro. Foto: Captura. Fuente: Brújula Digital.
Servindi, 7 de abril, 2024.- El viernes 5 de abril trabajadores del Sindicato de Mineros de Totoral y de la empresa minera Salvada agredieron a un grupo de mujeres en vigilia que resguardaban sus territorios de la actividad minera.
La agresión se produjo mientras se rechazaban las actividades mineras irregulares de la empresa en sus áreas de cultivo y fuentes de agua.
La Comunidad Totoral Chico del Ayllu Acre Antequera en el departamento de Oruro denunció que el contrato administrativo a favor de la empresa se sobrepone a la comunidad.
El contrato administrativo se celebró sin que la comunidad haya sido informada, consultada y menos haya autorizado actividad minera en la comunidad donde viven las familias.
La comunidad denunció este hecho ante la Secretaría de Minería, Metalurgia y Recursos Energéticos del Gobierno Autónomo del Departamento de Oruro solicitando se revise el contrato administrativo.
La denuncia la efectuó la Asociación de Pueblos Indígena Originario Campesinos Qhana Pukara Kurmi y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP).
Las organizaciones exigen a las autoridades competentes como la Defensoría del Pueblo, escuchar a las víctimas y tomar acciones urgentes para evitar mayor violencia de los actores mineros hacia las comunidades.
Señalan que las mujeres defienden la poca tierra cultivable, de pastoreo y las fuentes de agua que están siendo destruidas en Totoral Chico por las empresas mineras.
También exigen la revisión de constitucionalidad de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, porque esta norma facilita las invasiones a territorios indígenas originarias campesinas y áreas protegidas como el Madidi.
Ello ocurre debido a que la norma exime a los mineros de realizar la Consulta Previa y privilegiarles con supuestos derechos pre constituidos.
Por todo lo expuesto una articulación de organizaciones sociales llama a los organismos internacionales de derechos humanos tomar conciencia sobre la vulneración de los derechos colectivos que ocurre en Bolivia.
El gobierno otorga “privilegios inconstitucionales” al sector minero, a los colonizadores y a los capitales del empresariado nacional y transnacional.
“Nuestras áreas protegidas y nuestros territorios son nuestras fuentes de agua y alimentos, que están siendo violentados, sumiéndonos a los pueblos indígenas en la extrema pobreza” indica el comunicado.
Se adhieren a la denuncia el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la Sub Central de Tariquia, el Colectivo de Consumidores Conscientes, Bolivia Libre de Transgénicos y la Red Nacional de Mujeres en defensa de la Madre Tierra (RENAMAT).
Además, la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, CODA, Salvaginas, la Alianza para los Ríos Amazónicos (ARA) entre otras.
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