Ocho años vulnerando la Ley Forestal y de Fauna

Servindi, 7 de octubre, 2023.- La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) cumple ocho daños de vigencia sin que haya podido cautelar la vida de los seres más vulnerables y apreciados de la Amazonía: los pueblos en aislamiento y en contacto inicial (Piaci).

La promulgación de la norma y de sus cuatro reglamentos no ha impedido que se sigan otorgando concesiones en territorios de pueblos indígenas que son invadidos y depredados por actividades extractivas ilegales.

Lo más grave aún, es que a pesar que la citada norma prohíbe otorgar concesiones sobre territorios de los PIACI las concesiones son impulsadas por el gobierno nacional y gobiernos regionales como el de Loreto y Ucayali.

Así lo denuncia mediante un pronunciamiento la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Cuencas Sagradas, Avaaz y Amazon Watch.

“La prohibición de otorgar concesiones forestales en los territorios de las reservas indígenas, así como en áreas en trámite para la creación de estas reservas (...) están especificadas en la LFFS y sus reglamentos, que se encuentran vigentes desde el 1 de octubre de 2015” indica el comunicado.

La norma incorporó “principios de gobernanza, consulta previa, inclusión social, interculturalidad, enfoque ecosistémico,́ mejoramiento continuo y transparencia, que previamente no existían en la legislación forestal peruana”.

Pese a ello, todo quedó en el papel. Actividades como la tala y el narcotráfico están generando una mayor violencia contra las organizaciones y defensores indígenas e incluso comunidades enteras.

El escandaloso caso del Gobierno Regional de Loreto

Uno de los casos más escandalosos es el que concierne al Gobierno Regional de Loreto (GOREL) que desde el 2015 otorgó 47 concesiones forestales ilegales.

Las concesiones comprenden cerca de tres mil kilómetros cuadrados, lo que equivale a unas 300,000 hectáreas.

Asimismo, ha otorgado derechos que han propiciado oleadas de invasiones masivas de madereros en territorios de pueblos indígenas en aislamiento (PIA).

Con esas acciones el Gorel es responsable de afectar la integridad de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche y a la Reserva Indígena en trámite de creación Yavarí Mirim, ambas en el ámbito de la cobertura de prohibición establecida por la Ley Forestal.

Cabe destacar que en mayo de 2023 el Poder Judicial ratificó una sentencia firme que obliga al GOREL a no otorgar ni reactivar concesiones forestales que se superponen a las reservas indígenas y reservas indígenas en trámite.

Sin embargo, hasta el momento la gestión actual de dicho gobierno regional no cumple con esta sentencia y no ha anulado las concesiones forestales ilegales.

Esta situación ha obligado a presentar una queja de cumplimiento del capítulo ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial.

El doble discurso de Perú

Las posturas del gobierno peruano en el exterior respecto a la protección de derechos indígenas, compromisos para la mitigación y adaptación al cambio climático, y la protección a la biodiversidad son incongruentes con lo que se hace en el país.

Las acciones de entidades públicas como el GOREL contradicen y sabotean los esfuerzos nacionales y de protección de la Amazonía, las metas del clima del Acuerdo de París, de la COP 27 y los acuerdos de la Convención sobre Biodiversidad de Kunming-Montreal.

En ellos se reconocen los territorios de los pueblos indígenas y que “todo uso sostenible, cuando proceda en dichas zonas, sea plenamente coherente con los resultados de la conservación,́ reconociendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

Pueblos indígenas son invisibles para Dina Boluarte

En su mensaje a la nación del 28 de julio la presidenta Dina Boluarte soslayó temas críticos para el país como la deforestación, el cambio climático y la protección de los pueblos indígenas, recuerda el pronunciamiento.

En la Cumbre Amazónica que tuvo lugar en Belém, Brasil, el 8 y 9 de agosto, Boluarte se refirió constantemente a los pueblos indígenas como “comunidades nativas” tanto en sus pronunciamientos como en las comunicaciones de la presidencia.

Ello denota “que el gobierno del Perú desconoce y hace una omisión al derecho de estos pueblos a ser reconocidos, como establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. 

Cabe agregar que en dicha Cumbre, si bien se reconoce que por primera vez que la Amazonía se encuentra en un punto de inflexión, los líderes no alanzaron a delinear una hoja de ruta clara sobre cómo abordar los enormes desafíos para la defensa de la selva tropical.