Con legislación, políticas y proyectos extractivos, Ecuador amenaza a los pueblos indígenas que habiten este territorio, alerta la organización Amnistía Internacional.
Servindi, 6 de mayo, 2022.- Autoridades y empresas de Ecuador amenazan la Amazonía impulsando legislación, políticas y proyectos extractivos sin el consentimiento libre, previo e informado de sus pueblos indígenas.
Esta situación viene afectando el territorio, ambiente, salud, agua o alimentación de estos pueblos, señaló Amnistía Internacional al hacer público el informe “Ecuador: La Amazonía en peligro”, el 4 de mayo.
Por ello, la organización llamó al país a garantizar el consentimiento de sus pueblos, considerando que la Amazonía es un ecosistema crítico para superar la crisis climática que amenaza al planeta.
“Los pueblos indígenas lo han protegido durante siglos. No podemos darles la espalda”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta de investigación para las Américas de la organización.
En línea con este pronunciamiento, Amnistía Internacional celebró la victoria de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe ante la Corte Constitucional el 27 de enero de 2022.
Esto porque se confirmó que el Estado violó los derechos de la comunidad a la consulta previa y al medio ambiente sano, entre otros, al otorgar sin su consentimiento 20 concesiones mineras y tramitar otras 32 que afectaron su territorio.
No obstante, la organización recordó que las autoridades aún tienen pendiente cumplir con esta sentencia e investigar, además, los derrames que ocurrieron en 2020 y 2022 en la Amazonía.
Se espera que la Corte Constitucional se pronuncie este año sobre las sentencias emitidas en el caso del derrame de 2020 y sobre la acción de protección presentada por las comunidades afectadas.
Sobre el informe
“Ecuador: La Amazonía en peligro” es un informe presentado en el contexto del Examen Periódico Universal de Ecuador ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este año.
Además de la legislación, políticas y proyectos que amenazan la Amazonía, analiza también las restricciones excesivas de la ley que regula el aborto en casos de violación.
Así como la falta de una política para proteger a personas defensoras de derechos humanos e investigar ataques y amenazas en su contra; y la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de octubre de 2019.
Puede descargar el informe ingresando al siguiente enlace: https://bit.ly/3yAZCjF
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