El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Mesoamérica, que publica la FAO, recoge las políticas, estrategias y buenas prácticas desarrolladas en los países de la región para reducir la prevalencia de subalimentación
Servindi, 6 de febrero, 2017.- La región mesoamericana —conformada por México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana— deberá redoblar sus esfuerzos para erradicar el hambre al año 2030 y cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2- Hambre cero.
Ello a pesar que según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Mesoamérica publicado por la FAO advierte que se redujo el número de personas subalimentadas de 15,7 millones en 1990 a 12,7 en 2016.
“Actualmente, la mayoría de los países de la subregión dispone de marcos normativos y políticas públicas para la seguridad alimentaria y nutricional para hacer frente a la problemática del hambre. Si estos son acompañados por esquemas inclusivos y efectivos de gobernanza podemos esperar buenos resultados en el futuro próximo”, explicó Tito E. Díaz, Coordinador de la FAO para Mesoamérica.
La publicación destaca los avances de algunos países como Costa Rica, Cuba y México que consiguieron reducir su porcentaje de subalimentación a menos del 5 por ciento de su población. Mientras que países como Nicaragua, Panamá y la República Dominicana redujeron a menos de la mitad el porcentaje de personas que sufren hambre.
No obstante, los índices de inseguridad alimentaria en el resto de los países de Mesoamérica aún superan e incluso llegan a doblar el promedio de América Latina y el Caribe.
Esto es particularmente preocupante en la zona del Corredor Seco Centroamericano, (Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) donde se estima que viven cerca de 10,5 millones de personas, de las cuales 60 por ciento vive en pobreza, 3,5 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria y 2,8 millones necesitaran asistencia alimentaria.
Gobernanza ampliada y coordinación interinstitucional: claves para la erradicación del hambre
“La solución al problema del hambre en Mesoamérica es convertir la lucha contra el hambre en una prioridad política del más alto nivel,” explicó Tito E. Díaz.
De acuerdo a esta publicación, para que el compromiso político se refleje en mejores resultados, hay tres aspectos claves para optimizar la gobernanza de la seguridad alimentaria y avanzar hacia la erradicación del hambre en Mesoamérica.
El primero es una mejor coordinación interinstitucional, tanto entre distintos sectores y niveles de gobierno como en la participación de múltiples actores sociales, necesaria para fortalecer las capacidades institucionales para implementar las leyes y políticas de seguridad alimentaria.
El segundo es la necesidad de desarrollar y fortalecer los sistemas de información y monitoreo, fundamentales para dar coherencia y seguimiento a los planes locales de erradicación del hambre.
Y el tercero se refiere a la necesidad de otorgar financiamiento sostenible a todas estas acciones, que aseguren la ejecución de los servicios y productos planificados, contribuyendo a la sostenibilidad a largo plazo de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional.
Países fortalecen su compromiso con la lucha contra el hambre
De acuerdo al Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Mesoamérica, en los últimos años, Mesoamérica ha dado grandes pasos para fortalecer su lucha contra el hambre.
Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana ya tienen leyes de seguridad alimentaria y nutricional, mientras que el Frente Parlamentario contra el Hambre de Costa Rica, en coordinación con el sector académico, presentó un proyecto de Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Panamá, por su parte, se encuentra en proceso de socialización y consulta del nuevo Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que establece acciones para impulsar la coordinación intersectorial e interministerial.
El Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de El Salvador contempla la participación de 22 actores del sector público y la sociedad civil para mejorar la producción de alimentos, la prevención y atención integral en salud y los sistemas de vigilancia, monitoreo y alerta temprana, entre múltiples otras acciones.
México se encuentra en los últimos pasos de aprobación del proyecto de Ley del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, mientras que nivel local la Ciudad de México cuenta con una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional desde 2009.
Los países de la subregión no sólo resguardan la seguridad alimentaria de sus propias poblaciones, sino que colaboran en múltiples iniciativas de cooperación mutua, como el programa Mesoamérica sin Hambre, el que se ejecuta con el apoyo de la cooperación mexicana y de la FAO en Belice, Colombia, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Mesoamérica sin Hambre fortalece los marcos institucionales y de políticas para la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura familiar.
Además, todos los países de Mesoamérica han ratificado su compromiso de erradicar el hambre al año 2025, meta principal del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, el mayor compromiso regional de seguridad alimentaria.
Desnutrición y obesidad infantil: desafío pendiente en la región
La prevalencia en los índices de desnutrición infantil continúa siendo elevada en Guatemala, Honduras y Nicaragua, países donde la desnutrición crónica supone más del doble que el promedio de América Latina y el Caribe.
Según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Mesoamérica, desde principios de los años noventa, El Salvador, Guatemala y Honduras presentan los mayores incrementos -próximos e incluso superiores al 100 por ciento- en la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años.
Asimismo, en todos los países de la subregión al menos dos de cada cinco hombres y 50 por ciento de las mujeres tienen sobrepeso. En cuanto a obesidad, la prevalencia entre las mujeres alcanza cifras próximas o superiores al 40 por ciento en Guatemala, México, Nicaragua y República Dominicana.
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