Así lo determina Amnistía Internacional tras concluir una misión en la provincia argentina que incluyó más de 100 entrevistas.
Servindi, 5 de octubre, 2023.- La policía de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social contra la reforma constitucional en esta provincia argentina.
Así lo determinó la organización Amnistía Internacional (AI) este 5 de octubre tras concluir una misión de investigación en la zona y confirmar que hubo un “uso de la fuerza indiscriminada” en contra de manifestantes.
El uso innecesario y excesivo de la fuerza incluyó el empleo de gas lacrimógeno y balas de goma, lo que resultó en múltiples casos de lesiones de quienes participaron en la protesta.
Pese a que el derecho internacional lo prohíbe, los disparos de balas de goma se dirigieron en algunos casos directamente a la cabeza, según testimonios y videos que revisó la organización.
Aministía Internacional también recogió múltiples relatos de detenciones a personas por el solo hecho de participar en las manifestaciones, lo que configura una medida arbitraria de privación de la libertad.
“Nuestra investigación apunta a cómo las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.
La organización también anota que, a diferencia de los hechos que dejaron a 180 policías heridos durante las protestas, los posibles abusos contra los manifestantes no vienen siendo investigados adecuadamente.
“Se ha constatado una falta de proactividad de las autoridades para investigar los posibles abusos cometidos por agentes de seguridad durante las manifestaciones”, señala Amnistía.
Además, advierten que los testimonios revelados dan cuenta del miedo por parte de víctimas a presentar las denuncias, por temor a ser perseguidos por su participación en las protestas.
La investigación de AI demandó la visita de una misión a la ciudad de San Salvador de Jujuy y a cuatro de sus departamentos del 25 al 29 de septiembre, así como entrevistas a al menos a 107 víctimas y testigos.
Entre estos últimos, figuran integrantes de más 15 comunidades indígenas, abogados y abogadas, organizaciones de derechos humanos, el fiscal general del Ministerio Público para la Acusación, entre otros.
El informe ratifica que el pueblo de Jujuy tiene derecho a reunirse pacíficamente y expresarse libremente, y que las autoridades deben garantizar estos derechos e investigar pronto las violaciones a los derechos humanos.
Cabe señalar que estos son hallazgos preliminares que anticipan el informe que elaborará y presentará Amnistía Internacional a las autoridades, comunidades y sociedad en general.
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