Servindi, 5 de setiembre, 2017.- La organización Amnistía Internacional denunció la violación de los derechos de las comunidades indígenas Wounaan y Embera del departamento colombiano de Chocó, donde se ha originado una crisis humanitaria y de seguridad inminente.
Según los reportes que recoge la organización, el 20 de agosto, cerca de las dos de la tarde, hubo un enfrentamiento armado entre las fuerzas armadas colombianas y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), muy cerca de la comunidad indígena Wounaan en Puerto Olave, en el río San Juan.
A las 10 a. m. del mismo día, de acuerdo a la denuncia de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Ana María Mepaquito Cabrera, indígena de 22 años y madre de tres niños menores de seis años, fue asesinada durante el fuego cruzado entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
La muerte de Ana María acrecentó el temor en las comunidades afectadas, lo que llevó a que algunas mujeres, junto con sus niños/as, abandonaran la comunidad para refugiarse en otro lugar denominado la Isla, donde el último reporte de la ONIC, permanecerían 18 mujeres y 30 niños que esperan llegar a Riosucio.
Además, el temor en las comunidades se acrecienta por la presencia de minas antipersonales esparcidas alrededor de sus territorios, que no les permite abandonar sus tierras, incluso por miedo a ser detenidos en los puestos de control instalados por los grupos paramilitares.
“La siembra de minas en los caminos y sitios de trabajo dejó herido a un estudiante de la Institución Educativa Thearate de Panguí y a un joven Emberá Dobida de la comunidad de Boca de Guadua”, denunció la ONIC, el 23 de agosto.
Reclutamiento de menores
La ONIC denunció también el reclutamiento de menores de edad en las comunidades de Puerto Indio, Jurubirá y La Loma por parte de las AGC y el silencio por parte del Estado a pesar de tener conocimiento del caso.
Tal es el caso de dos niñas Emberas de 12 y 14 años de edad, ambas estudiantes de la Institución Educativa Indígena de la comunidad de Buenavista, que fueron reclutadas el 16 de agosto y de quienes se desconoce sus paraderos.
Asimismo, el 10 de junio se reportó el reclutamiento de un niño de 8 años y dos niñas de 13 y 14 años en el municipio de Novita. El ELN liberó a dos de ellos por presión de las comunidades y sus cabildos; sin embargo, la niña de 14 de años todavía sigue en el poder de las guerrillas.
Otra menor de 17 años fue reclutada por el ELN en Bojayá en junio último en el Resguardo de Opogadó. A la fecha aún no se tienen noticias sobre ella.
Llamamiento indígena
La ONIC exige a Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, el cese al fuego y las hostilidades en sus territorios.
Asimismo, pidió al Gobierno declarar, de manera urgente, la emergencia humanitaria en los municipios de Riosucio, Nuquí, Alto Baudo, Medio San Juan y Bajo Baudó.
El pedido que realizó a los grupos armados es el respeto a sus territorios, vidas, la autonomía, ya que los indígenas no deben ni quieren ser víctimas en una guerra en la cual no son actores; por la tanto buscan la paz con justicia social y necesitan vivir en armonía con la Madre Naturaleza.
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