TotalEnergies respalda “conservación excluyente”

Petrolera anunció que seguirá financiando compra de créditos de carbono del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) pese a que pueblo Kichwa cuestiona área por despojarlos de su territorio y comercializar bonos sin transparencia.

Servindi, 5 de junio, 2024.- Pese a los cuestionamientos del pueblo Kichwa, el gigante petrolero francés TotalEnergies aseguró que continuará comprando créditos de carbono del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), en San Martín.

La compañía tomó esta decisión, pese a conocer que kichwas denuncian a este parque creado sin consulta sobre su territorio y su comercio de crédito de carbono sin transparencia como un modelo de “conservación excluyente”.

Aunque TotalEnergies asegura que la compra de más créditos de carbono al PNCAZ estará condicionada a la implementación de un plan que incluya la mejora en la distribución de beneficios y diálogo con las comunidades indígenas, decisión es cuestionada.

La lideresa kichwa Marisol García señaló a Servindi que “al decir que seguirán comprando estos créditos, nos están diciendo que no les importa que sigan vulnerando nuestros derechos, es como lavarse las manos”.

“Es preocupante porque no debería avalarse dentro de ningún punto de vista y por muy loable que parezca, el seguir financiando actividades que proceden de la manifiesta violación de derechos humanos”, opina la abogada Cristina Gavancho.

Recientemente, la lideresa kichwa Marisol García viajó a Francia para protestar contra TotalEnergies por avalar el despojo a su pueblo comprando créditos al PNCAZ. Foto: IDL

“Creación del PNCAZ cumplió leyes vigentes”

Uno de los argumentos que da TotalEnergies para ratificar su apoyo al PNCAZ es que la creación de este parque nacional, en 2001, “cumplió con las leyes vigentes en Perú para ese momento”.

“[…] si bien el Convenio 169 de la OIT ya había sido ratificado por el Perú (diciembre de 1994), no se había promulgado la Ley de Consulta Previa (2011) ni su reglamento (2012), por lo tanto, no existía un procedimiento establecido, a nuestro entender, para llevar a cabo la consulta previa”, indican.

Este argumento, sin embargo, es “incorrecto” para la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cristina Gavancho, que asesora legalmente a los kichwa en este tema.

Según Gavancho, “el Estado peruano está obligado a cumplir con la consulta previa, desde el año 95, después de la ratificación del Convenio 169 de la OIT que regula este derecho de forma expresa”.

Además, según los estándares de la Corte Interamericana, la consulta previa, libre e informada y el consentimiento “son derechos autoejecutables que no dependen de una ley habilitante para que recién se cumplan”, indica.

TotalEnergies también sostiene que el Ministerio de Cultura de Perú no cuenta con un registro de comunidades indígenas dentro de los límites del parque y solo identificó comunidades en la zona de amortiguamiento del PNCAZ.

Al respecto, Gavancho aclara que allí se comete un error pues “el hecho de que las comunidades no hayan estado reconocidas” por el Estado al momento de crear el parque, “no quiere decir que no habitaban esos lugares”.

“Si solo revisan las comunidades reconocidas por el Estado, obviamente solo encontrarán una; pero en los hechos había más de 10 comunidades kichwa superpuestas dentro del PNCAZ y 29 en total considerando también a las que hacían uso directo del parque a través de la agricultura migratoria”, explica.

“Las comunidades tienen acceso al parque”

Otro argumento de TotalEnergies para justificar su decisión es que, según su indagación, “las comunidades locales tienen –y siempre han tenido- acceso al parque y son libres de practicar sus tradiciones ancestrales”.

La abogada Gavancho señala que esto “no es cierto” porque hay testimonios de kichwas que han sido desalojados dentro del parque nacional y de otros a los que les quitaron sus productos de la caza, tuvieron que pedir permiso a los guardaparques o les pidieron pagar cupos para realizar esta actividad.

Pero, además, enfatiza en que la propia naturaleza del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) de por sí es excluyente y limita las practicas ancestrales que desde siempre ha empleado el pueblo Kichwa para subsistir (pesca, caza y agricultura).

“De acuerdo a la definición de Áreas Naturales Protegida (ANP), un parque nacional tiene la categoría de un área de uso indirecto donde no se permite ni la extracción de recursos ni la transformación del ambiente y solo está aperturada para investigación científica, recreación y turismo”.

“Entonces, de por sí la declaratoria de un parque nacional conlleva una restricción para el uso de los recursos por parte de la población indígena y desde allí ya hay un error”, explica Gavancho.

La categoría de área de uso indirecto, en la que se incluye a los parques nacionales y santuarios nacionales e históricos, está pensada para un territorio sin población, algo que no aplica claramente en este caso, señala.

TotalEnergies asegura tener conocimiento de que 6 300 personas accedieron al parque en los últimos 20 años para cazar, lo que para Gavancho es “contradictorio” bajo la naturaleza del PNCAZ que no permite esa actividad, por lo que la compañía tendría que brindar más explicaciones, dice.

El 28 de mayo, la abogada Cristina Gavancho denunció junto a líderes kichwa ante la Corte IDH el modelo de conservación excluyente impuesto sobre territorio kichwa en San Martín. Foto: Corte IDH

“Beneficios sí se distribuyen con comunidades”

TotalEnergies también asegura tener conocimiento de que CIMA –el privado que administra el PNCAZ junto al Estado– logró trabajar con 144 comunidades hasta el momento, 33 de ellas comunidades indígenas.

“Su acción con las comunidades abarca desde: planificación de la calidad de vida, acuerdos de conservación, financiamiento semilla para impulsar el desarrollo económico sustentable, fortalecimiento institucional de organizaciones comunales, asistencia técnica para actividades productivas y asesoría/apoyo en trámites administrativos”, indica la empresa.

Al respecto, Gavancho niega que el trabajo se haya dado con comunidades kichwas de San Martín.

“[Los administradores del PNCAZ] han pretendido demostrar el trabajo con comunidades con lo que hacen en Ucayali con el pueblo Shipibo, con el que siempre han trabajado porque son comunidades reconocidas antes de la creación del área”, explica.

Gavancho también cuestiona la iniciativa “Emprendedores para Cordillera Azul”, otra de las acciones que CIMA viene impulsando y que TotalEnergies menciona en su comunicado para señalar que sí se trabaja con las comunidades.

“Esta iniciativa no distribuye beneficios de forma directa a los pueblos solamente por su labor de conservación de los bosques, sino que les pone condiciones como crear un comité y justificar la realización de un proyecto productivo”.

“No pueden decir que el Parque Nacional Cordillera Azul, que tiene 1 millón 400 mil hectáreas, es conservado solo por 50 guardaparques. Es un engaño y una falta de reconocimiento a labor de conservación de los pueblos indígenas”, señala Gavancho.

“Seguiremos apoyando al PNCAZ”

TotalEnergies admite en su comunicado que un lugar como el PNCAZ debe conservarse de forma participativa con la comunidades locales e indígenas.

Y aunque reconoce la disputa entre el pueblo Kichwa y el Gobierno en la relación con la tenencia de la tierra sobre el cual fue creado el PNCAZ y las críticas hacia la gestión del parque, decide no frenar su apoyo al proyecto REDD+ que opera en el parque y sobre el cual este comercializa los créditos de carbono a la petrolera.

TotalEnergies “ha decidido seguir apoyando el proyecto porque cree que su presencia en el mismo tiene un impacto positivo en la gestión del PNCAZ y contribuye a elevar los estándares y las prácticas”, indica.

No obstante, señalan que todas las compras futuras de carbono del PNCAZ estarán condicionadas a la implementación de un plan de mejora que gira en torno a 4 pilares: gobernanza del proyecto REDD+, distribución de beneficios, diálogo y participación de las comunidades locales e indígenas y transparencia del proyecto REDD+.

TotalEnergies se lava las manos

Consultada por esta decisión, la lideresa del pueblo Kichwa Marisol García Apagüeño expresó su indignación.

“En vez de decir voy a contribuir a cerrar la brecha de vulneración de derechos de los pueblos indígenas, hacen todo lo contrario. No les importa seguir avalando la violación de nuestros derechos con tal de limpiar su imagen al decir que están compensando la contaminación que generan comprando los créditos de carbono”, dice.

Al continuar comprando créditos de carbono del PNCAZ mientras el Estado no resuelve el reclamo kichwa de que el parque fue creado sin consulta y ahora limita la demarcación de comunidades kichwa, TotalEnergies se “lava las manos”, opina García.

“Es preocupante porque no debería avalarse dentro de ningún punto de vista, la continuidad de una situación por muy loable que parezca de continuar financiando actividades que proceden o vienen de la manifiesta violación de derechos humanos”, señala por su parte la abogada Cristina Gavancho.

Actualmente, el diálogo entre el Estado y las organizaciones kichwa está paralizado luego de que Sernanp y CIMA se negaran a cumplir una norma que autoriza la demarcación de territorio indígena al interior del PNCAZ.

Ante ello, organizaciones indígenas de San Martín han demandado legalmente al Estado en busca de que acaten esta normativa y su territorio ancestral dentro Áreas Naturales Protegidas como el PNCAZ sea demarcado.

Los kichwas de San Martín han reafirmado su determinación y compromiso en seguir avanzando en la recuperación de su territorio ancestral a través de la Declaración de Shilcayo, elaborada en enero de 2024.