Si las protestas continúan en Fuerabamba y comunidades vecinas y se convocara a un nuevo paro realmente regional la situación será incontrolable con los altos costos sociales y económicos para el país. El impacto de esa combinación puede abrir un escenario de conflicto en todo el sur del país.
Por Jaime Antezana Rivera*
5 de abril, 2019.- Cuando se creía que la libertad del presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas Paniura, generaría sino una distensión global si una disminución relativa del conflicto social entre esta comunidad y la empresa MMG Las Bambas y, a la vez, un interlocutor válido, es decir, con validez legal y legitimidad social, para dialogar con el Ejecutivo y la empresa, los hechos están yendo en una dirección diferente, opuesta.
Cuatro hechos lo indican. Primero, el martes 2 de abril, se produjo un enfrentamiento entre pobladores de esta comunidad con la policía que, según vídeos que discurren por las redes sociales, ocurrió cuando “los policías entraron a la fuerza a resguardar a (la) empresa por la comunidad de Pumamarca haciendo disparos con arma de fuego”. Estos llegaron en cinco buses con, más o menos, 200 efectivos. El enfrentamiento dejo un comunero herido.
Segundo, el paro regional inicialmente convocado por 48 horas, para el 2 y 3 de abril, los organizadores decidieron que el primer día, martes 2, sea de movilización y, el miércoles 3, de paralización. En las siete provincias apurimeñas fue desigual. El 2, hubo movilizaciones en Andahuaylas y Abancay y el 3, paralizaron tres provincias: Abancay, Cotabambas y Grau. Chincheros y Andahuaylas no pararon; solo hubo movilizaciones.
Fue un paro regional parcial. En esa línea, cabe destacar que en Abancay, Cotabambas y Grau el paro fue total o seco. ¿Por qué fue así? Hubo resistencia de diversos sectores para apoyar a Fuerabamba centrado en sus demandas específicas (el pago de servidumbre por el fundo Yavi Yavi) o una mayor sensibilización. Eso paso en Andahuaylas y más en Chincheros y Aymaraes. Resultado: de las siete provincias de la región pararon tres.
Tercero, con la presencia del liberado Gregorio Rojas, el acuerdo que comunidad de Fuerabamba adoptó en la asamblea realizada el martes 2 de abril. ¿Cuál es el acuerdo de esta asamblea comunal? Un dirigentes consultado lo resumió de la siguiente manera: “No hay diálogo hasta ver a los asesores en libertad”. Y agregó: “mañana (el miércoles 3) habrá reunión con las 48 comunidades más 5 distritos”.
Con sus palabras Rojas Paniura lo dio a conocer: “Yo le informé a mi pueblo sobre la reunión, pero ellos me dicen que no se puede llegar a ningún acuerdo en el fundo de Yavi Yavi porque nuestros asesores no están libres”, señaló. Contrario a ese pedido, días después el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotambas, tras dos días de audiencia, les dio 36 meses de prisión preventiva para Frank y Jorge Chavez Sotelo por el delito de extorsión a la empresa MMG.
Y, cuarto, esas dinámicas ocurrieron con el tramo del fundo Yavi Yavi de la vía Apurímac-Cusco-Arequipa bloqueado por los comuneros de Fuerabamba y con posibilidades de ampliarse a otras zonas, a contrapelo de la condición que planteó el Ejecutivo para restablecer el diálogo; el desbloqueo de ese tramo del corredor minero. La situación no ha cambiado post liberación de su principal dirigente. El bloqueo continúa.
El escenario esta signado por dinámicas que aún no se entrelazan.
El escenario esta signado por dinámicas que aún no se entrelazan. El enfrentamiento de los comuneros de Fuerabamba con la policía que dejó varios heridos, el acuerdo comunal que “no habrá diálogo hasta no ver a sus asesores libres” y el paro regional parcial, muestran un escenario donde sigue y continuará el bloqueo del corredor minero en el tramo Yavi Yavi con atisbos de violencia y la expansión del conflicto al ámbito regional.
¿Por qué seguirá el conflicto y bloqueo de la carretera? Si bien hay interlocutor con quien dialogar, sin embargo, la condición que plantea la comunidad es la libertad de sus asesores Frank y Jorge Chávez Sotelo con prisión preventiva por 36 meses por ser parte de una organización criminal que presuntamente extorsionaba a la empresa MMG, es un planteamiento que hará inviable un diálogo fructífero. Habrá diálogo; acuerdos y desbloqueo, ¿no?.
Esa es la posición que Rojas Paniura llevara a la mesa de diálogo convocado para el 6 de abril próximo. Es más, con el empoderamiento de su líder Gregorio Rojas y conscientes de su renovada y potenciada capacidad de presión, es muy difícil que su planteamiento cambie. O sea, en adelante, tras la mesa de diálogo del fin de semana no hay posibilidades para que el diálogo se restablezca. El bloqueo de la carretera con posibles choques con la policía proseguirá.
La condición de los fuerabambinos hace prácticamente imposible la continuación del diálogo con el Ejecutivo y la empresa post 6 de abril próximo. El Ejecutivo no lo aceptara. Más aún, ya fue rechazada. El premier Salvador del Solar ha señalado que no pueden hacer nada porque los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo están siendo investigados por un poder autónomo del Estado. No es posible que ese tema se convierta en un elemento de negociación.
Ergo: esa condición será el principal óbice para el diálogo y la solución del conflicto que lleva más de 50 días. Ese pedido lo dará a conocer al Ejecutivo y los mediadores de este conflicto: la iglesia y la Defensoría del Pueblo. Se configurará, pues, un impasse real para el continuar el dialogo. Y, si es así, como lo expresado Rojas Paniura, no habrá diálogo por tiempo indefinido y continuará el bloqueo del corredor minero.
La situación en Fuerabamba y otras comunidades del distrito de Challhuahuacho es de alta tensión. Y, si el gobierno decide desbloquear la carretera con los cientos de policias y militares que se encuentra protegiendo a la minera, es probable que se produzcan nuevos enfrentamientos con dos altos costos para el país: los costos sociales (heridos y posibles muertos de comunidad y las fuerzas de seguridad) y los costos económicos conocidos. Hay que evitar desbloquear a sangre y fuego.
Por otro lado, ya indesligable de este proceso, la irrupción de los frentes de defensa y otros gremios populares con el paro regional parcial del 3 de abril exigiendo el cumplimiento de una serie de compromisos suscritos con el Ejecutivo y la empresa, el conflicto social ha dejado de estar focalizado en Fuerabamba y se convertido en un conflicto casi de dimensión regional. Ahora los organizadores esperan el pronunciamiento del gobernador regional de Apurímac.
Es una agenda mayor pendiente y sensible para la ciudadanía regional que involucra al Ejecutivo y la empresa. El cumplimiento de los 17 puntos del anexo K del contrato celebrado entre la empresa y el Estado, la entrega del impuesto por la venta de Xtrata Glencore a la empresa MMG, el pago del canon minero postergado para el 2021 y el cumplimiento de los compromisos con Cotabambas firmado por el hoy presidente de la república Martín Vizcarra.
A la exigencia que se cumplan estos compromisos se están sumando otras demandas pendientes: el acta de Andahuaylas de 2017 y otras demandas locales y provinciales. Mientras se amplía la plataforma y esperan la respuesta del Ejecutivo, la empresa y el gobierno regional de Apurímac, están evaluando otra convocatoria a otra medida de fuerza regional: un paro regional. En Andahuaylas, donde no hubo paro, la federación de campesinos prepara el paro.
Entonces, la situación puede tensarse más. Y, ahora, ya no se puede resolver el conflicto dando solución, pese a lo difícil que es, puntual a Fuerabamba y comunidades adyacentes sino se canaliza y atiende las demandas de Cotabambas y demás provincias y los compromisos generales para el desarrollo regional. Esa es una consecuencia del paro regional parcial del 3 de abril. No es posible seguir omitiendolo.
Eso sí, el pedido de libertad de sus asesores de Fuerabamba es casi exclusiva de ellos. Los demás actores se solidarizan con su lucha pero no asumen ese pedido como una condición para dialogar. Lo consideran un problema de esta comunidad. El presidente del frente de defensa de Cotabambas lo expresó así. Los actores provinciales si bien lo incorporaron en la plataforma no fue la principal demanda. Tras la libertad de su dirigente no lo harán por sus asesores.
Hay un desenganche en ese aspecto. Sin embargo, sin que haya necesidad de que esa condición sea asumida, si las protestas (movilizaciones y bloqueos) continúan en Fuerabamba y comunidades vecinas y se convocara a un nuevo paro realmente regional la situación será incontrolable con los altos costos sociales y económicos para el país. El impacto de esa combinación puede abrir un escenario de conflicto en todo el sur del país.
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*Jaime Antezana Rivera es consultor, investigador social en narcotráfico, terrorismo y conflictos sociales.
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