El presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo son señalados por un grupo de expertos de la ONU como responsables de violaciones a los derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Foto: Presidencia de Nicaragua
Servindi, 5 de febrero, 2024.- Las “elecciones” realizadas el domingo 3 de marzo en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua confirman el abuso de poder y las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En medio de irregularidades y con escasa participación ciudadana el proceso electoral confirmó las serias advertencias formuladas por diversos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expertos de las Naciones Unidas.
Ellas advirtieron que en Nicaragua no existen condiciones para elecciones libres y justas, debido a la represión estatal, el asedio policial y la militarización de territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.
La CIDH alertó que las medidas adoptadas por el gobierno buscan amedrentar a los movimientos indígenas y afrodescendientes opositores para limitar su participación en las elecciones regionales.
Las elecciones realizadas el convocadas para el domingo 3 de marzo buscaban renovar a 90 autoridades de los Consejos Regionales Autónomos y se desarrollaron con amplia ventaja para el oficialismo que no tuvo competidores.
El oficialista Frente Sandinista participó en alianza con cuatro partidos más sin intención alguna de disputarle el poder y que, incluso, llenaron sus listas de candidatos con militantes “prestados” del partido de gobierno, reportó Infobae.
El organismo independiente de observación electoral Urnas Abiertas, afirma que en sus diagnósticos “la denuncia que más se repitió fue el alto porcentaje de militantes del FSLN que están corriendo por todos los otros partidos colaboracionistas”.
Sin competencia
El partido político indígena YATAMA fue impedido de participar al haber sido inhabilitado hace cinco meses, cuando constituye la representación más auténtica de la mayoritaria población miskita en dicha región.
Daniel Ortega no solo canceló la personería jurídica de YATAMA, además, detuvo a los diputados indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, acusados de traición a la patria.
Meses atrás el diputado Brooklyn fue impedido de ingresar a Nicaragua luego de denunciar ante las Naciones Unidas que los colonos invadían territorios indígenas sin que las autoridades protejan sus derechos.
En setiembre de 2023 Rivera fue detenido y desde entonces permanece en calidad de desaparecido. Ortega también cerró y confiscó las sedes de las radios comunitarias indígenas Yapti Tasba Bila Baikra Bilwi y Waspam.
A ello se suman los ataques sistemáticos de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades del Estado para desalojar población indígena de sus territorios en la Costa Caribe.
Concentración de un poder autoritario
El conjunto de agresiones desplegado por el régimen de Ortega-Murillo atenta gravemente contra la autonomía de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Atlántica, y coloca en riesgo su supervivencia cultural y étnica.
El régimen busca afianzar la concentración del poder en el Ejecutivo en esa zona del país, a partir de la cooptación de sus instituciones y la ausencia de un sistema electoral independiente.
Las elecciones regionales fueron resultado de reivindicaciones históricas y de la lucha por el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en Nicaragua.
Ello conllevó a la aprobación del “Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica” (Ley Número 28) y otras leyes nacionales.
En ese sentido, la falta de condiciones para celebrar elecciones libres implica también un retroceso importante en los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Tendrán que rendir cuentas
El jurista Jan Simon, quién preside el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo que Daniel Ortega y Rosario Murillo, vicepresidenta y pareja de Ortega tendrán que rendir cuentas a nivel internacional.
Ellos deberán responder por graves violaciones a los derechos humanos contra pueblos indígenas y afrodescendientes que se oponen a su régimen y que pueden constituir delitos de lesa humanidad.
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